El ex candidato presidencial peruano, Roberto Sánchez, ha presentado este jueves una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción se produce en el contexto de la reciente victoria electoral de su contrincante, Keiko Fujimori, quien lo superó por un margen estrecho de poco más de 49,600 votos. Sánchez argumenta que durante el proceso electoral se produjeron cambios en las reglas que vulneran la integridad del mismo, específicamente en lo que respecta a la digitalización de las actas de votación desde el extranjero, algo que considera un grave atentado a la transparencia electoral.
En su comunicado a través de las redes sociales, el dirigente del partido Juntos por el Perú expuso que los cambios en las reglas, realizados a mitad del proceso electoral, contravienen diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, citó las violaciones a los artículos 23, 8, 25 y 13, así como a los artículos 1.1 y 2, proponiendo que estas modificaciones atentan contra el principio de intangibilidad normativa, que establece que no deben realizarse alteraciones a las normas electorales en plena contienda electoral. Esta situación, según Sánchez, no solo afecta la seguridad jurídica y la confianza pública, sino que también socava la soberanía del voto, dificultando la obtención de resultados claros de la votación en el extranjero.
Sánchez también hizo hincapié en las irregularidades observadas en el transporte de las actas hacia Perú, así como los retrasos en su llegada. En este sentido, subrayó el alto costo asociado a la presentación de recursos para solicitar la nulidad de los votos en las mesas de sufragio, un trámite que implica un desembolso de 1,375 soles, una cifra significativamente superior al salario mínimo en el país. Esta situación, argumentó, limita el acceso a la justicia y a la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo cual es fundamental en un sistema democrático.
A inicios de esta semana, Sánchez ya había anticipado su intención de llevar el caso ante la CIDH, alertando sobre la grave afectación que, a su juicio, han sufrido los comicios a causa de las acciones de las oficinas consulares. En este contexto, la elección ha estado marcada por una intensa polarización y disputas sobre la legitimidad de los resultados, lo que ha llevado a un clima de tensión política en Perú.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó oficialmente el lunes pasado la victoria de Fujimori, quien obtuvo el 50.135% de los votos frente al 49.865% que logró Sánchez. Este resultado revela una distancia de apenas 49,641 votos a favor de Fujimori, una vez finalizado el escrutinio de todas las actas, incluidas aquellas que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales. La estrechez de este margen ha intensificado las disputas sobre la legitimidad de los resultados y la necesidad de medidas que garanticen la transparencia y la justicia electoral.
La intervención de la CIDH en este caso podría tener implicaciones significativas no solo para el futuro político de Sánchez, sino también para la estabilidad democrática de Perú. En un contexto en el que las instituciones democráticas enfrentan desafíos constantes, la vigilancia internacional puede desempeñar un papel fundamental para asegurar que se respeten los derechos humanos y se mantenga la integridad del proceso electoral. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo que tomará esta situación y las posibles repercusiones en la política peruana.
