A lo largo de tres décadas desde su establecimiento, el sistema de riesgos del trabajo en Argentina enfrenta un creciente desafío: la litigiosidad. Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), ha subrayado la urgencia de que las provincias implementen los cuerpos médicos forenses previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo. Esta medida, según Bettiol, es fundamental para disminuir el número de juicios que afectan a este sector y, por ende, optimizar los recursos destinados a la prevención y asistencia.
En el marco de este aniversario, Bettiol destacó que el aumento sostenido en la litigiosidad desvía fondos que deberían ser utilizados para mejorar la prevención, asistencia y reparación, así como para reducir los costos operativos. "La litigiosidad creciente desvía recursos que deberían financiar prevención, asistencia y reparación y menores costos", afirmó, evidenciando la necesidad de una revisión del sistema actual que, aunque cuenta con las herramientas normativas y técnicas adecuadas, no se aplica de manera uniforme. Esta situación no solo afecta a las aseguradoras, sino que también pone en riesgo la cobertura de aquellos que aún no están incluidos en el sistema.
Un informe reciente de la UART reveló que en abril de este año se registraron 39.687 juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, y se proyecta que para 2026 esta cifra podría alcanzar un récord de 138.600 pleitos. Este aumento en la litigiosidad pone de manifiesto la ineficiencia del sistema para abordar y resolver los conflictos de manera efectiva, lo que a su vez genera un impacto negativo en la capacidad de las ART para ofrecer una cobertura adecuada a los trabajadores. Bettiol enfatizó que el sistema de riesgos del trabajo debe ser visto como una herramienta para la prevención, señalando que "la prevención no es una consigna: es una forma concreta de salvar vidas, evitar accidentes y acompañar la reinserción laboral".
Hoy en día, cerca de 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores están amparados por este sistema, que financia anualmente alrededor de 14,1 millones de asistencias médicas. Sin embargo, la carga financiera que enfrentan las empresas es considerable, ya que se estima que la contribución promedio oscila entre el 3% y el 4% de la masa salarial. Gran parte de estos recursos se destina a la atención de juicios, lo que limita la posibilidad de mejorar la asistencia médica y la calidad de atención para los trabajadores.
El sistema de aseguradoras fue establecido en junio de 1996, con el objetivo de brindar a las empresas una cobertura frente a posibles reclamos por accidentes o enfermedades laborales. Este marco legal ha impulsado a las empresas a adoptar políticas de prevención de accidentes, lo que ha contribuido a reducir el riesgo y, en consecuencia, el costo de las pólizas. Sin embargo, a pesar de estos avances, el número de juicios sigue siendo elevado, lo que indica que persisten problemas estructurales en la implementación y funcionamiento del sistema.
En un intento por mitigar esta problemática, el Congreso aprobó recientemente una reforma laboral que incluye medidas para reducir la litigiosidad. Entre ellas se encuentra la prohibición de que los peritos cobren honorarios en función de la sentencia final, así como la modificación de la responsabilidad de los abogados que representan a los empleados, quienes podrían ser considerados responsables solidarios si un juez rechaza un reclamo por considerarlo excesivo. Estas reformas buscan desincentivar el abuso del sistema judicial, aunque su implementación efectiva dependerá de la voluntad de las provincias para establecer los cuerpos forenses necesarios.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el sistema es la delegación de responsabilidades en las cortes supremas provinciales, que deben establecer y nombrar los cuerpos forenses. Esta falta de una estructura uniforme hace que cada juez actúe de manera independiente, utilizando criterios propios para determinar grados de invalidez y las tasas de actualización de las sentencias, lo que genera una disparidad en los fallos y una mayor incertidumbre en el sector. Recientemente, la Corte de Santa Fe ha comenzado a dar pasos hacia la creación de estos cuerpos forenses, lo que podría marcar un cambio significativo en la gestión de los casos y, por ende, en la litigiosidad que afecta al sistema de riesgos del trabajo en Argentina.
