El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre el reciente decreto que permite a nueve provincias concesionar tramos de rutas nacionales, describiendo la medida como un "avance" pero advirtiendo sobre la necesidad de proceder con precaución debido a la falta de detalles específicos en el texto normativo. Durante la inauguración del acceso al Área Industrial de Firmat, Pullaro enfatizó que, si bien la decisión del Gobierno nacional representa un paso positivo, aún no se cuenta con la información necesaria para avanzar con confianza.
El decreto, publicado por el Gobierno, habilita a provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén a gestionar la concesión de tramos de rutas nacionales. Sin embargo, esta concesión se realiza bajo un marco que no cede el control ni la jurisdicción federal sobre estos caminos, lo que genera interrogantes sobre la efectividad de la gestión provincial en la mejora de la infraestructura vial.
Pullaro destacó que el decreto establece un plazo máximo para la concesión, pero no menciona un tiempo mínimo, lo que podría complicar el inicio de las obras. "Estamos dispuestos a invertir y tenemos una licitación lista para una obra de casi 6.000 millones destinada a mejorar la ruta A012 en cuanto se formalice la cesión", afirmó. Sin embargo, el gobernador expresó su preocupación respecto a la falta de certeza sobre el tiempo que se necesitará para que la Nación se pronuncie sobre el inicio de las obras.
El mandatario hizo hincapié en que, si la administración nacional fija un plazo de un año para la concesión, su provincia solo podrá invertir recursos sin garantizar el mantenimiento de la ruta. "Es por eso que pedimos mucha cautela. Aunque la noticia inicial fue alentadora, al analizar el decreto, nos dimos cuenta de que debemos ser prudentes", manifestó Pullaro, quien también aseguró que su administración trabajará arduamente para que la concesión de 30 años se concrete.
En un intento por asegurar una gestión más eficiente, Pullaro mencionó la posibilidad de establecer un fideicomiso que involucre a distintos actores en la administración de las rutas concesionadas. Esta propuesta busca optimizar la utilización de los recursos obtenidos por peajes, que, según la normativa, deberán destinarse exclusivamente a los tramos concesionados, sin posibilidad de usarlos para financiar otras obras en diferentes jurisdicciones.
La nueva normativa también establece que las provincias deberán convocar a licitación en un plazo de un año desde la firma de los convenios. Si no cumplen con este requisito, la concesión quedará sin efecto, lo que podría generar un nuevo desafío para las administraciones provinciales. Asimismo, en caso de que una concesión se extinga por cualquier motivo, el Estado nacional asumirá automáticamente la gestión del tramo, lo que plantea dudas sobre la estabilidad de las inversiones provinciales.
Este decreto se fundamenta en la ley 17.520, que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obra pública y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial. Además, se alinea con los objetivos de la ley 27.742, que busca reorganizar el Estado y descentralizar funciones. La normativa establece un límite de 30 años para las concesiones, asegurando que se mantenga un control estatal sobre el uso de estas infraestructuras fundamentales para el desarrollo del país.
