La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto de relieve los progresos alcanzados en la implementación del acuerdo de paz en Colombia, al tiempo que ha expresado su preocupación por la persistencia de focos de violencia en diversas áreas rurales del país. Durante una reciente sesión del Consejo de Seguridad, Miroslav Jenča, representante del secretario general de la ONU para Colombia, hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que refuercen las garantías de seguridad con miras a las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

El enviado de António Guterres destacó que el país se encuentra en un momento crucial de su vida política, justo después de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en marzo. Estas elecciones, a pesar de algunas preocupaciones sobre episodios de violencia y la influencia de grupos armados ilegales, se desarrollaron en su mayoría de manera pacífica e inclusiva, lo que fue celebrado como un avance significativo en el proceso democrático del país.

Jenča elogió la labor de las fuerzas de seguridad, así como la contribución de los observadores tanto nacionales como internacionales, y la Defensoría del Pueblo, quienes jugaron un papel fundamental en la protección del proceso electoral. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de garantizar que la campaña presidencial que se aproxima se realice en un ambiente seguro, libre de violencia y estigmatización. Esta preocupación es especialmente relevante dado el contexto de amenazas que han enfrentado algunos candidatos, lo que ha generado un clima de incertidumbre en torno a los comicios.

Con catorce candidatos en la contienda presidencial, estas elecciones se perfilan como las segundas con mayor cantidad de aspirantes desde la promulgación de la Constitución de 1991, solo superadas por las elecciones de 1994, que contaron con dieciocho postulantes. Este fenómeno refleja un panorama político diverso, pero también plantea desafíos significativos en términos de seguridad y protección para los participantes y votantes.

El representante de la ONU también recordó que, casi una década después de la firma del acuerdo de paz, más de 11.000 exintegrantes de las FARC-EP aún están en proceso de reincorporación a la vida civil. A pesar de este avance, Jenča reconoció las dificultades que enfrentan estos excombatientes debido a problemas económicos, falta de infraestructura y amenazas a su seguridad en múltiples regiones del país. La situación se complica aún más en áreas donde grupos armados ilegales luchan por el control territorial y se involucran en actividades ilícitas, lo que genera un clima de violencia que afecta a la población civil.

En particular, la región del Catatumbo fue mencionada como un ejemplo crítico, donde Jenča visitó comunidades que sufren las consecuencias de enfrentamientos entre grupos rivales, ataques con drones y riesgos derivados de explosivos. Además, se han reportado demoras en la llegada de ayuda humanitaria a estas áreas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de sus habitantes.

De cara al futuro, Jenča advirtió que el nuevo gobierno que asumirá en agosto enfrentará el reto de consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto. La ONU reafirmó su compromiso de seguir apoyando a Colombia en este camino hacia la paz, enfatizando que la protección de candidatos, votantes y la población en general debe ser una prioridad ineludible en este proceso político crucial.