Luis Arce, exmandatario boliviano, ha hecho una fuerte declaración desde la prisión donde se encuentra recluido desde diciembre de 2022, acusando al gobierno actual de Rodrigo Paz de violaciones a sus derechos fundamentales. En una carta fechada el 31 de marzo, que ha sido divulgada recientemente, Arce se presenta como un "preso político", argumentando que su detención ha sido un acto arbitrario y sin fundamento legal. A lo largo de su misiva, el ex presidente expone una serie de denuncias, entre las que se destacan la tortura psicológica y el secuestro al margen de la ley.
El ex presidente, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2022, sostiene que no existía una orden judicial que justificara su arresto, lo que lo lleva a calificar su situación como un "secuestro". En su carta, Arce recuerda que, tras finalizar su mandato, optó por permanecer en Bolivia y mostró disposición para colaborar con la justicia. Sin embargo, sostiene que no fue notificado de ningún proceso en su contra antes de su detención, lo que agrava su denuncia de arbitrariedad.
Arce también ha señalado que su defensa ha presentado múltiples solicitudes para garantizar su derecho a un debido proceso, todas ellas rechazadas por las autoridades judiciales. Particularmente, ha expresado su preocupación por la negativa a permitir exámenes médicos que son necesarios para cuidar su salud, una situación que, según él, pone en riesgo su integridad física. Este rechazo a atender sus solicitudes ha sido interpretado por el ex presidente como una estrategia para desestabilizarlo y continuar con la persecución política en su contra.
La situación en la que se encuentra recluido también ha sido objeto de su crítica. Arce ha descrito cómo sus primeras noches en prisión transcurrieron en condiciones inhumanas, donde su privacidad fue vulnerada constantemente al ser fotografiado sin su consentimiento. Estas acciones, que él califica de "tortura psicológica", reflejan un patrón de abuso que denuncia como parte de una estrategia más amplia de hostigamiento.
El ex presidente no ha dudado en señalar que las acciones del gobierno de Rodrigo Paz buscan despojarlo de su estatus político y social. En su misiva, expone que su domicilio fue allanado recientemente, lo que considera un intento por parte del gobierno de eliminar su voz y su influencia. Arce se pregunta qué más se inventarán en su contra en un contexto donde siente que se están sembrando pruebas falsas para desacreditarlo ante la opinión pública.
Finalmente, Arce ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos, instando a que se respeten los principios constitucionales y se detengan las prácticas de persecución política. En un mensaje claro, exige que se garantice el debido proceso y que se actúe con imparcialidad, sin la influencia de presiones políticas. Su carta, dirigida a sus compatriotas y a la comunidad internacional, resuena como un grito de alerta sobre la situación de derechos humanos en Bolivia y la creciente polarización política del país.
