El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado un procedimiento legal para adquirir la propiedad del superpetrolero Skipper y cerca de 2 millones de barriles de petróleo que fueron incautados en diciembre frente a las costas de Venezuela. Esta acción forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para reafirmar su influencia sobre la industria petrolera venezolana, especialmente tras la detención del mandatario Nicolás Maduro.
Esta es la primera vez que se utiliza este tipo de mecanismo legal para formalizar el control sobre uno de los numerosos petroleros que han sido interceptados en los últimos meses. Las autoridades estadounidenses han denunciado que Venezuela operaba una “flota fantasma” con banderas fraudulentas para introducir crudo de manera ilegal en los mercados internacionales. Además, el Departamento de Justicia ha señalado un esquema que data de al menos 2021, destinado a facilitar la comercialización de productos petroleros en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, catalogada como organización terrorista por Estados Unidos.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, comentó que, bajo el liderazgo de Trump, se ha puesto fin a la era de financiamiento encubierto a regímenes que representan amenazas para la seguridad estadounidense. El gobierno de EE.UU. ha manifestado su determinación de utilizar todos sus recursos legales para desmantelar operaciones que desafíen sus leyes y contribuyan al desorden global. Además, la confiscación del Skipper es un paso más en el esfuerzo por limitar el acceso de Maduro a los ingresos petroleros que han sostenido la economía de Venezuela durante años.
