La tensión entre las Fuerzas de Seguridad y la administración de la obra social militar se intensifica, a medida que la deuda acumulada por aportes y contribuciones se convierte en un obstáculo para el normal funcionamiento de los servicios de salud. El coronel mayor (R) Ariel Guzmán, quien ha sido designado por el ministro de Defensa Carlos Presti para gestionar el cierre de la ex obra social militar IOSFA, ha reiterado su reclamo a las fuerzas de seguridad para que regularicen una importante deuda antes de que se concrete la transición a la nueva entidad, la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad (OSFFESEG). Este conflicto no solo pone en riesgo la atención de sus afiliados, sino que también revela las complejidades de la reorganización del sistema de salud para el personal militar y de seguridad.

El mensaje oficial, identificado como NO-2026-41914183-APN-P#IOSFA, fue emitido el 26 de abril y dirigido al Director de Sanidad de la Gendarmería. En él, Guzmán destaca que la persistente deuda de las fuerzas de seguridad, que incluye a la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, es la principal razón que impide la normalización de las prestaciones en diversas jurisdicciones. Este reclamo refleja no solo una cuestión financiera, sino también un desafío en la coordinación entre diferentes ramas de las fuerzas armadas y de seguridad en un contexto de reestructuración.

La creación de la nueva obra social, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N°88/2026, ha separado las funciones de la antigua IOSFA en dos entidades distintas. Por un lado, se estableció la Obra Social de las Fuerzas Armadas, que ahora opera bajo el mando militar y se encarga de los afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el personal civil vinculado. Por otro lado, la OSFFESEG agrupa al personal de las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería y la Prefectura. Esta separación busca mejorar la gestión de los servicios de salud, pero también ha generado tensiones en el proceso de transición.

Guzmán, en su rol como liquidador de IOSFA, tiene el poder de decidir sobre la transferencia de activos y deudas, así como de gestionar la traspaso de afiliados y sus derechos. Sin embargo, la situación se complica por la falta de acuerdo con la Gendarmería y la Prefectura, que hasta el momento se han mostrado reacias a saldar su parte de la deuda. Mientras que las Fuerzas Armadas han logrado cancelar su morosidad, utilizando fondos destinados a salarios del personal militar, las fuerzas de seguridad aún no han dado respuesta satisfactoria a la exigencia de Guzmán.

En los documentos revisados por Guzmán, se han identificado reclamaciones por una deuda total que supera los 212.000 millones de pesos, una suma que es crucial para la viabilidad de la nueva OSFA. Esta cantidad permitiría a IOSFA cerrar cuentas pendientes con prestadores de salud, laboratorios y otros servicios médicos, facilitando así una transición más fluida hacia la nueva estructura organizativa. La importancia de regularizar esta situación no solo radica en el cumplimiento de obligaciones financieras, sino también en garantizar la continuidad de la atención médica para miles de afiliados que dependen de estos servicios.

Ante la negativa de la Gendarmería y la Prefectura a saldar su deuda, Guzmán ha señalado que entre el 21 y el 24 de abril de 2026, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas realizó pagos significativos a prestadores de Tucumán, gracias a la cancelación de deudas por parte de las Fuerzas Armadas. Este hecho se presenta como un ejemplo de buena práctica y un llamado de atención para que las fuerzas de seguridad cumplan con sus responsabilidades financieras. La presión sobre estas instituciones parece ser cada vez mayor, y el futuro de la atención médica para su personal depende en gran medida de la resolución de este conflicto.