Las autoridades venezolanas han decidido liberar a 379 presos políticos, según lo anunciaron en días recientes, destacando la gestión del diputado oficialista Jorge Arreaza, quien supervisa el proceso de implementación de la nueva Ley de Amnistía. Esta ley fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional tras la destitución de Nicolás Maduro, lo que marca un importante cambio en la política del país.
Durante una entrevista en televisión, Arreaza detalló que el Ministerio Público ya ha presentado las solicitudes para la amnistía ante los tribunales correspondientes. Las excarcelaciones se llevarán a cabo en varias regiones, con 371 liberaciones en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas, y se espera que se efectúen entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
Familiares de los detenidos se mantienen a la espera de novedades frente a cárceles y centros de detención, mientras que la organización no gubernamental Foro Penal estima que alrededor de 600 personas aún están recluidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, advirtió que la amnistía no se aplicará de manera automática, ya que está sujeta a un proceso judicial a cargo de tribunales que son considerados por muchos como parte del aparato represivo del régimen. Además, se ha conformado una comisión especial para supervisar la implementación de la ley, presidida por Arreaza y con la participación de la opositora Nora Bracho, que trabajará para asegurar la eficacia en el tratamiento de las solicitudes de amnistía.
La comisión se ha declarado en sesión permanente y ha comenzado a colaborar con diversas instituciones para agilizar los procedimientos. Se ha establecido un compromiso de respuesta en un plazo de quince días para cada petición de amnistía, y se busca asegurar que nadie que haya sufrido violaciones a sus derechos humanos quede fuera de los beneficios de la nueva normativa. Asimismo, Foro Penal planea presentar al Parlamento una lista con 232 casos de detenidos políticos para su consideración bajo esta nueva ley, lo que refleja el esfuerzo por proteger los derechos de quienes han sido afectados por el conflicto político en Venezuela.
