La reciente liberación de un sospechoso ligado a la organización criminal ‘Los Pulpos’ ha generado controversia, especialmente por el papel de la nueva ley que otorga facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú. El fiscal Chávez Cotrina se comunicó con autoridades del Ministerio Público en La Libertad para indagar sobre el caso, descubriendo que no había sido asumido por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, sino por una Fiscalía Penal Común.
El fiscal explicó que la detención del investigado se produjo exclusivamente por un delito de tenencia ilegal de armas, dejando de lado acusaciones más graves como homicidio o secuestro. Esta situación se enmarca dentro del contexto de la nueva normativa, que exige a la Policía elaborar informes sobre los delitos y la implicación de los detenidos. Sin embargo, el documento presentado solo menciona la tenencia de armas, sin aportar pruebas que sustenten vínculos con otros delitos más serios.
Chávez Cotrina también enfatizó que las circunstancias de la detención limitaron la inclusión de nuevos delitos en el proceso inicial, dado que se trató de un caso de flagrancia. Este tipo de procedimiento impone plazos ajustados para las diligencias, lo que condiciona la actuación del Ministerio Público. El fiscal insistió en que, de haber indicios de que el sospechoso formaba parte de una organización criminal, la Policía debería haber llevado a cabo labores de inteligencia y notificado a la Fiscalía correspondiente antes de realizar la detención.
