La Audiencia Provincial de Toledo ha fallado a favor de un inquilino al anular el cobro de un alquiler que superaba el límite legal establecido para viviendas de protección oficial. Este fallo modifica una sentencia anterior y determina que el propietario no puede exigir el pago de las sumas reclamada.
El conflicto judicial se originó por un contrato de arrendamiento firmado en 2015 entre el propietario de una vivienda en Toledo y su inquilino, en el que se estableció una renta mensual de 1.000 euros. A lo largo de los años, surgieron desacuerdos sobre ciertas condiciones del contrato y el pago de las rentas, lo que llevó al propietario a reclamar judicialmente la resolución del contrato y la posesión del inmueble.
El juzgado de primera instancia falló a favor del propietario, declarando la extinción del contrato y ordenando al inquilino el pago de 6.300 euros. Sin embargo, el inquilino apeló, argumentando que el alquiler excedía el tope legal de 810,06 euros mensuales para este tipo de vivienda. La Audiencia Provincial evaluó el recurso y decidió anular la anterior sentencia, respaldando así la postura del inquilino y reconociendo la ilegalidad de la cláusula del contrato relacionada con el precio del alquiler.
