La relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha dado un giro drástico tras su separación en agosto de 2025, cuando el DJ solicitó la custodia compartida de sus hijas, Ana y Carlota. La decisión se produjo luego de que Rivera incorporara a su nueva pareja, Lola García, en la vida familiar. Según se ha informado, lo que comenzó como una separación amistosa ha evolucionado hacia un conflicto legal significativo.
Inicialmente, la ruptura entre Rivera y Rosales se llevó a cabo en un ambiente conciliador, tras once años de relación y el compromiso conjunto en la crianza de sus dos hijas, de 10 y 8 años. Sin embargo, la llegada de Lola García a la vida del artista, junto con la solicitud de que ella pudiera recoger a las niñas del colegio, reavivó tensiones. Ante la negativa de Rosales, Rivera decidió acudir a la justicia en enero, buscando formalizar un acuerdo de custodia compartida.
El pacto previo permitía que las niñas residieran con su madre en Castilleja de la Cuesta, con visitas flexibles por parte de Rivera. No obstante, la solicitud de custodia compartida ha complicado la relación entre ambos padres, llevándolos a iniciar un proceso legal. Ante esta nueva situación, Rosales ha optado por contratar un abogado, marcando un cambio en la dinámica que había predominado hasta el momento, donde ambos compartían el mismo representante legal. Este cambio de rumbo sugiere que la disputa podría convertirse en un divorcio contencioso, con la intervención de un juez para decidir sobre la custodia de las menores.
