La discrepancia entre la legislación y la realidad continúa afectando los derechos económicos de las mujeres en Nicaragua. A pesar de que el marco jurídico proporciona ciertas garantías, la falta de políticas efectivas y la percepción de un cumplimiento irregular dificultan el avance real en esta materia. Actualmente, la participación femenina en el ámbito laboral alcanza el 53,2 %, pero se enfrentan a desafíos estructurales que limitan su desarrollo, según un informe elaborado por el Banco Mundial.

Nicaragua presenta una puntuación de 70 en términos de marcos legales, superando la media mundial aunque quedando por debajo de la media regional. Sin embargo, los marcos de apoyo apenas alcanzan 31 puntos, lo que indica una gran discrepancia con los promedios internacionales y latinoamericanos. En lo que respecta a la percepción sobre el cumplimiento de estas leyes, el puntaje es de 59, lo que sugiere que, aunque existen normas, su aplicación es inconsistente.

Si bien Nicaragua se destaca en aspectos como la movilidad, el matrimonio y los derechos sobre bienes, donde supera la media regional, las mujeres todavía enfrentan importantes obstáculos en áreas como el cuidado infantil, salarios y pensiones. Aunque el país prohíbe la discriminación de género en el acceso al crédito y permite a las mujeres ejercer derechos de propiedad de manera equitativa, la implementación de políticas de apoyo es escasa. No hay un plan nacional contra la violencia de género con objetivos claros y la protección frente al acoso sexual es insuficiente, lo que evidencia la necesidad de un enfoque más integral y efectivo para garantizar los derechos económicos de las mujeres en Nicaragua.