El reciente decreto que establece el salario mínimo para 2026 en Colombia ha suscitado un intenso debate jurídico. El abogado Andrés Felipe Londoño ha señalado que el texto del decreto reconoce que parte del incremento no se fundamenta en criterios económicos o legales, sino en consideraciones adicionales impuestas por el Gobierno nacional.
A través de un análisis publicado en sus redes sociales, Londoño destacó que, según el decreto, el aumento del 23% incluye un componente que no se alinea con los parámetros establecidos por la Ley 278 de 1996. El jurista subrayó que, conforme a esta legislación, el incremento debería haber sido de un máximo del 13,6%. Esta discrepancia plantea serias interrogantes sobre la metodología utilizada para fijar el nuevo salario mínimo.
El decreto fue emitido por el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de una orden del Consejo de Estado, que exigió una justificación más detallada sobre el aumento. Mientras el Gobierno argumenta que el incremento busca asegurar un ingreso digno para los trabajadores, Londoño cuestiona la inclusión de elementos no económicos en el cálculo, que considera arbitrarios y carentes de fundamentos sólidos. Según él, esto podría llevar a una interpretación errónea de lo que debe ser un salario justo y acorde con las necesidades de los trabajadores y sus familias.
