Arantxa Sánchez Vicario se encuentra en un momento decisivo de su vida personal y legal, tras casi diez años de disputas familiares y económicas. Nueve años después de su separación de Josep Santacana, el proceso de divorcio entre ambos se resolverá en 2026, pero el resultado no será el esperado por la extenista.
Un tribunal de Miami ha dictado una sentencia en favor de Santacana, poniendo fin a una prolongada batalla judicial que ha mantenido en suspenso a la familia y al círculo cercano de la deportista. La decisión judicial establece que Sánchez Vicario no recuperará la fortuna que acumuló durante su carrera profesional, la cual asciende a 30 millones de euros, y deberá afrontar las repercusiones de sus decisiones económicas y legales pasadas.
El conflicto se originó en 2017, cuando Santacana anunció su relación con otra mujer y solicitó el divorcio, abandonando el hogar familiar en Miami. Desde entonces, la extenista se ha hecho cargo de sus hijos, Leo y Arantxa, y ha ido tomando conciencia de la situación financiera tras buscar ayuda en su familia. La gestión de su patrimonio por parte de Santacana, que involucraba un entramado de inversiones y empresas, ha dificultado la recuperación de sus bienes, ya que muchas de estas estructuras han desaparecido sin dejar rastro claro de los fondos. A medida que avanzaban las investigaciones, la posibilidad de recuperar una parte significativa de su fortuna se fue desvaneciendo.
