La Policía Nacional de Melilla ha llevado a cabo la detención de un hombre de 40 años, quien es acusado de ser un depredador sexual de menores a través de internet. Este individuo, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra bajo investigación tras ser vinculado a la distribución masiva de material audiovisual de contenido sexual infantil en diversas redes de explotación. Se estima que sus acciones han tenido un alcance internacional, afectando a países como Alemania, Francia, Suiza, Portugal, Eslovenia, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, además de su país de origen, España. La gravedad del caso ha llevado al juzgado de guardia a ordenar su ingreso inmediato en prisión preventiva sin posibilidad de fianza.
El detenido enfrenta múltiples cargos que incluyen tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años a través de vías digitales, once delitos de ciberacoso o "child grooming", corrupción de menores, así como tenencia y distribución de pornografía infantil. Además, se le imputan varios delitos contra la intimidad, por la captación no consentida de imágenes de mujeres en espacios públicos. Este amplio espectro de acusaciones refleja la gravedad de sus acciones y el impacto que han tenido en las víctimas, quienes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
La investigación, conocida como "Operación Sirena II", ha sido el resultado de un trabajo coordinado entre el Grupo de Menores (GRUME) y la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Melilla. Este exhaustivo proceso ha durado alrededor de un año y medio, durante el cual se han reunido pruebas sólidas que sustentan las acusaciones contra el detenido. Se destaca la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra estos delitos, que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El caso comenzó a tomar forma el 29 de enero de 2025, cuando dos menores, quienes se encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad, decidieron presentar denuncias contra el sospechoso. El modus operandi del agresor era meticuloso y calculado. Utilizaba hasta 23 cuentas falsas en la red social Instagram, de las cuales cinco simulaban ser perfiles de adolescentes para acercarse a sus víctimas con un lenguaje afectivo y engañoso. Una vez establecida una relación de confianza, el detenido incitaba a las menores a enviar fotografías íntimas, comenzando así un ciclo de chantaje emocional.
Una vez que el agresor obtenía el material comprometedor, revelaba su verdadera identidad y comenzaba a extorsionar a las víctimas, exigiéndoles imágenes de contenido aún más explícito o encuentros sexuales virtuales, ofreciendo a cambio dinero o regalos, además de amenazar con difundir el material si no accedían a sus demandas. Este patrón de conducta resalta la astucia y la manipulación que ejercen estos depredadores, que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de los menores.
Gracias a la pericia de los investigadores, la investigación avanzó de manera significativa. Una de las víctimas aportó un teléfono móvil que había intentado destruir en un momento de pánico, lo que permitió a los especialistas en delitos informáticos recuperar información crucial. A través de este dispositivo, se logró rastrear correos electrónicos y líneas telefónicas vinculadas al sospechoso, evidenciando la red de explotación que había tejido. En diciembre de 2025, se realizó la primera detención, seguida del registro de su vivienda, donde se incautaron múltiples soportes digitales que contenían material comprometedor.
Durante la segunda fase de la operación, los agentes llevaron a cabo un análisis exhaustivo de datos, revisando alrededor de 500.000 imágenes y vídeos, así como más de un millón de conversaciones en plataformas de mensajería como WhatsApp. Este enfoque metódico y detallado ha sido fundamental para desmantelar la red de explotación y garantizar que el detenido enfrente la justicia por sus crímenes atroces. La lucha contra el abuso sexual infantil en línea es una prioridad para las autoridades, quienes continúan trabajando para proteger a los menores y desmantelar estas redes delictivas.
