En un nuevo intento por reestructurar su agenda legislativa, el Gobierno argentino ha programado una sesión en el Senado para el próximo 16 de julio. Este encuentro será clave, ya que se debatirán aproximadamente 30 pliegos judiciales, entre los cuales se destaca la controvertida ley de "inviolabilidad de la propiedad privada". Esta iniciativa, impulsada por el oficialismo, propone una serie de modificaciones que buscan desregular la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, así como establecer condiciones más laxas para las actividades en zonas afectadas por incendios.
La propuesta original, que fue promovida por Federico Sturzenegger con el respaldo del presidente, ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de su tramitación. Después de ser discutida el 20 de mayo, y tras negociaciones con aliados políticos, se tomaron decisiones significativas como la preservación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) bajo control federal y la delegación de la gestión de la venta de tierras a las provincias. Adicionalmente, se eliminó un polémico protocolo de desalojo exprés que había generado una fuerte oposición entre diversos sectores de la sociedad.
A pesar de que la ley llegó al recinto el 4 de junio, no fue posible su votación debido a una serie de imprevistos. Durante ese tiempo, los bloques que tradicionalmente apoyan al oficialismo solicitaron nuevas reformas al dictamen. La situación se complicó aún más con el prolongamiento de un caso judicial que involucra a Manuel Adorni, lo que llevó a un estancamiento legislativo. Nuevas modificaciones fueron introducidas a tres artículos del proyecto, y se espera que el texto final sea presentado oficialmente en la próxima sesión.
Entre las reformas más destacadas, se encuentra la redefinición de las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones, así como la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. En el caso de que una empresa foránea desee adquirir terrenos, se implementará un mecanismo de "silencio administrativo" que, tras 180 días sin respuesta negativa, considerará la operación como aprobada. Además, se establecerán requisitos de autorización a nivel nacional y provincial para estas transacciones en áreas de seguridad fronteriza.
El peronismo, a pesar de su fragmentación en múltiples bloques, se ha posicionado como el principal opositor a esta iniciativa. Representantes de este sector han manifestado su rechazo de manera unánime, presentando dictámenes alternativos y organizando encuentros en el recinto con la participación de distintos actores sociales, incluidos científicos, militares y miembros de la Iglesia Católica. Sin embargo, la intervención de bloques aliados como el PRO y la UCR sugiere que la votación podría resultar favorable para el oficialismo.
La reciente reconfiguración del apoyo político ha permitido al Gobierno recuperar la confianza de sus aliados de cara a la próxima sesión en el Congreso. La reforma de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" no solo busca modificar el régimen de tenencia de tierras, sino también establecer un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. Este consejo se encargará de gestionar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, que facilitará el pago de tasas y la obtención de informes y certificados emitidos por cualquier registro del país, en un intento por simplificar y modernizar los trámites relacionados con la propiedad inmueble.
