La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) ha tomado la decisión de intervenir Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la entidad detrás de los diarios Expreso y Extra. Esta medida ha suscitado preocupación entre diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa tanto a nivel nacional como internacional.
La intervención, basada en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, tiene como finalidad supervisar la situación económico-financiera de la empresa y corregir las irregularidades detectadas. Según información de Fundamedios, la intervención se llevó a cabo en Guayaquil y se ha nombrado a una interventora externa que deberá informar mensualmente sobre el estado de la compañía. Hasta el momento, no se ha realizado una intervención física en las redacciones ni en los equipos de trabajo, manteniéndose la acción en el ámbito administrativo.
La decisión de la SCVS se tomó a solicitud de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que se encuentra bajo la órbita de la Presidencia de la República y reclama un 2,56 % de las acciones de GRANASA en un litigio que se encuentra en la esfera judicial. La empresa ha cuestionado esta participación y se ha negado a proporcionar información solicitada por el Ejecutivo, argumentando que el tema está en disputa y que ciertos requerimientos vulneran la confidencialidad de la relación abogado-cliente. Esto ha llevado a la Superintendencia a considerar que la falta de colaboración afecta los derechos de los accionistas, lo que justifica la intervención.
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los diarios Expreso y Extra, que han realizado investigaciones críticas sobre la administración estatal, la intervención ha generado inquietudes sobre el futuro de la empresa. Informes sobre supuestas irregularidades fiscales en distribuidores de periódicos fueron filtrados, lo que desató una campaña pública que intentó asociar a la editora con delitos tributarios. Además, el presidente ejecutivo de GRANASA ha sido convocado por la Fiscalía en una indagación relacionada con presunto lavado de activos, que aún se encuentra en fase reservada.
