La Argentina atraviesa una transformación demográfica que, aunque silenciosa, impacta de manera significativa en diversos aspectos de la vida social y económica del país. La longevidad de la población ha aumentado, pero no necesariamente en condiciones óptimas que aseguren una calidad de vida digna para los mayores, lo que pone en jaque no sólo el sistema previsional, sino también la manera en que se gestionan los recursos y la vivienda en la vejez. La creciente proporción de personas mayores en la población plantea interrogantes sobre el futuro del bienestar social en el país.

De acuerdo con datos proporcionados por el INDEC, por cada 100 individuos menores de 14 años hay 53 personas que superan los 65 años, una estadística que evidencia un envejecimiento acelerado de la pirámide demográfica. Esta tendencia está en línea con un fenómeno global: la Organización Mundial de la Salud estima que entre 2015 y 2050, la proporción de personas mayores de 60 años en el mundo se duplicará, aumentando del 12% al 22%. En este contexto, la Argentina no es una excepción, y el aumento en la esperanza de vida plantea serios desafíos en términos de sostenibilidad social y económica.

Paralelamente a este aumento en la longevidad, se observa una notable disminución en la tasa de fecundidad. En el año 2023, la tasa de nacimientos se situó en 38,6 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, lo que representa una caída de más de 30 puntos en comparación con los promedios de la década anterior. Este fenómeno, impulsado por factores económicos, culturales y sociales, está redefiniendo el equilibrio que históricamente sustentó el sistema previsional y las redes de cuidado familiar. La interacción entre una población que vive más y una que tiene menos hijos complica aún más la situación del sistema de pensiones y la atención a los ancianos.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la edad jubilatoria ha cobrado fuerza en los últimos años, revelando una realidad preocupante. La creciente incertidumbre sobre la capacidad del sistema para proporcionar ingresos adecuados a los jubilados se convierte en un tema candente. En este contexto, la pregunta sobre la prolongación de la vida laboral se ha vuelto más relevante que nunca. A medida que la población envejece, se hace evidente que el esquema actual que rige la jubilación y el cuidado de los mayores está sometido a tensiones cada vez mayores, lo que requiere una reflexión profunda sobre su viabilidad a largo plazo.

La vejez, que alguna vez se veía como una etapa predecible, se ha convertido en un periodo lleno de incertidumbre, donde el cuidado de los ancianos recae, en la mayoría de los casos, en sus familias, especialmente en los hijos. Sin embargo, la realidad económica, caracterizada por ingresos ajustados y la falta de tiempo, limita la capacidad de las familias para proporcionar el apoyo necesario. A esto se suma que, con menos hijos, se reduce la capacidad de cuidar a los mayores, lo que plantea un desafío considerable para el futuro.

El acceso a residencias o servicios institucionales de calidad es, en muchos casos, prohibitivo para una gran parte de la población. Esta situación invita a reflexionar sobre cómo, dónde y con qué recursos se podrá transitar la vejez en un contexto donde las soluciones familiares se ven comprometidas. No se trata únicamente de una cuestión económica o familiar; es también un tema territorial. La infraestructura urbana de las ciudades argentinas no ha sido diseñada para responder a las necesidades de una población envejecida. La distancia entre los servicios esenciales, la dependencia del transporte público y la fragmentación de los barrios complican la vida diaria de los ancianos, haciendo que la accesibilidad y la calidad de vida se vean comprometidas.

Frente a este panorama, surge la necesidad de rediseñar nuestras ciudades para convertirlas en entornos amigables para las personas mayores. La idea de una "ciudad de cercanía" cobra fuerza, promoviendo áreas urbanas donde los servicios de salud, comercio y recreación estén al alcance de todos, especialmente de aquellos que enfrentan las dificultades del envejecimiento. Este cambio no es solo necesario, sino urgente, si queremos garantizar un futuro digno para una población que, aunque viva más años, merece disfrutar de una calidad de vida acorde a sus necesidades y aspiraciones.