Una desgarradora travesía ha llevado a Mariana Aranda a recorrer más de 300 kilómetros desde General Enrique Mosconi hasta la capital salteña, con el objetivo de solicitar justicia por las trágicas muertes de su hija, Valentina Cabana, y su nieta, Isabelle Evangeline Cabana. Esta situación se ha dado en un contexto de frustración y angustia, ya que la familia ha sentido que la investigación sobre estas muertes no ha avanzado como corresponde. Ante esta falta de respuestas, Aranda decidió que era momento de actuar y alzar su voz, lo que culminó en un encuentro clave con el procurador general de Salta, Pedro García Castiella.

El procurador, tras recibir a Mariana Aranda en la sede de la Procuración General, emitió la Resolución N° 1739/26, en la que se establece que el caso será transferido a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) Nº 1 del Distrito Judicial Centro. Esta unidad estará dirigida por el fiscal penal Santiago López Soto, quien tendrá la tarea de tomar las riendas de una investigación que ha suscitado gran atención y preocupación en la comunidad. Esta decisión se produce después de un periodo de ocho meses desde que Valentina y su hija Isabelle fallecieron, lo que ha generado un clamor por justicia entre familiares y vecinos.

Los hechos que desencadenaron esta búsqueda de justicia se remontan a una cesárea realizada en la clínica San Antonio de Tartagal, donde tanto Valentina como Isabelle perdieron la vida poco tiempo después del procedimiento. Mariana Aranda ha relatado con gran dolor que su hija ingresó al hospital en perfectas condiciones, y que, tras una intervención quirúrgica, fue llevada a la muerte solo nueve días después. “El 26 de septiembre entró caminando y a los 9 días fue llevada a la muerte”, expresó con profunda tristeza, haciendo hincapié en las infecciones que, según ella, fueron provocadas por las condiciones insalubres del quirófano, lo que derivó en la pérdida de su nieta.

La madre de Valentina ha insistido en que no existían enfermedades preexistentes que pudieran haber justificado esta tragedia, asegurando que todos los estudios realizados antes de la cesárea confirmaban un buen estado de salud. “No tenía ninguna enfermedad; mi hija entró caminando y la saqué en un cajón”, lamentó, evidenciando el profundo dolor que siente por la pérdida. Este caso no solo toca el ámbito personal, sino que también plantea interrogantes sobre la calidad de atención médica y las condiciones en las que se realizan los procedimientos quirúrgicos en la región.

Mariana Aranda ha expresado su frustración respecto a la respuesta de las autoridades, señalando que los fiscales se negaron a tomar la causa en Tartagal, a pesar de que la muerte de su hija ocurrió en esa jurisdicción. Asimismo, ha cuestionado la decisión de trasladar el caso a Embarcación, sugiriendo que esto podría estar vinculado con la relación de uno de los profesionales implicados. Este tipo de situaciones no solo agravan el dolor de las familias afectadas, sino que también generan desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad de las instituciones de garantizar justicia.

En relación a la investigación, se ha calificado el hecho como homicidio culposo agravado contra el médico involucrado, identificado como S. O. Sin embargo, Aranda ha criticado la falta de acción por parte del fiscal a cargo, quien no solicitó la historia clínica de la clínica Virgen de Urkupiña, lo que llevó a la familia a tener que hacer esta solicitud por su cuenta. “Las pruebas originales se tomaron en su momento; nos dijeron que no era un secuestro, pero no nos las han regresado”, declaró la madre, quien además decidió revocar el poder de su anterior abogado por la falta de respuestas.

La situación de Mariana Aranda es una reflexión sobre la lucha de muchas familias que enfrentan el dolor de la pérdida y la necesidad de justicia en un sistema que a menudo parece no responder a sus expectativas. Su camino hacia Salta representa no solo su deseo de obtener respuestas, sino también una llamada de atención sobre la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito de la salud y el compromiso de las autoridades para garantizar que estas tragedias no se repitan en el futuro.