El Ministerio Público Fiscal de la Nación ha solicitado una pena de 14 años de prisión para Leonardo Roberto Airaldi, un productor agropecuario de renombre y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante. Este pedido surge en el contexto de un juicio en el que se le acusa de haber organizado y financiado una red de narcotráfico que operaba entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las localidades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos. La gravedad de las imputaciones ha generado un amplio interés mediático y social, dado que se trata de un personaje conocido en el ámbito rural argentino.

En la audiencia reciente, el fiscal general José Ignacio Candioti, junto a otros fiscales del caso, expuso que las operaciones ilícitas se habían llevado a cabo desde las tierras de Airaldi, donde supuestamente existía una pista de aterrizaje clandestina. Esta instalación habría sido utilizada para recibir avionetas cargadas de cocaína, así como para despachar embarcaciones que se encargaban de distribuir la droga en la región. La utilización de propiedades rurales para actividades delictivas plantea interrogantes sobre la seguridad rural y el impacto de tales acciones en las comunidades locales.

La petición de condena se realizó ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello. Además de Airaldi, otros ocho individuos vinculados a esta organización narcocriminal también enfrentan cargos, con penas solicitadas que oscilan entre 3 y 7 años de prisión. Este caso subraya la complejidad de las redes de narcotráfico en Argentina y cómo estas pueden infiltrarse en sectores respetados de la sociedad, como el agro.

Los fiscales argumentaron que Airaldi había realizado acciones agravantes que justifican la severidad de la pena solicitada. Señalaron la cantidad y variedad de estupefacientes incautados, el uso de aeronaves para el tráfico transnacional de drogas, la violencia empleada para mantener la organización y la posibilidad de que el acusado, debido a su posición en el sector agropecuario, hubiera podido obtener ingresos legítimos. Este aspecto es crucial, ya que resalta las contradicciones entre una actividad económica legal y la implicación en delitos graves.

La fiscalía también solicitó el decomiso de la estancia El Mirador, propiedad de Airaldi, argumentando que esta fue instrumental en la perpetración del delito. La ubicación estratégica de la estancia, sobre la costa del río y con accesos limitados, la convierte en un punto clave para las operaciones delictivas. Este tipo de medidas no solo busca castigar al culpable, sino también desmantelar la infraestructura que permite la continuidad de estas actividades ilegales.

Leonardo Airaldi, que se encuentra actualmente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza desde febrero de 2026, asistió al alegato de manera remota. Su situación es aún más complicada, ya que enfrenta otras acusaciones que incluyen la presunta planificación de atentados contra figuras del sistema judicial y de seguridad de la provincia. La acumulación de cargos en su contra genera un clima de expectación en torno al juicio, que podría sentar un precedente en la lucha contra el narcotráfico en Argentina.

La investigación que lleva a este juicio se inició en 2019, tras denuncias de vecinos sobre actividades sospechosas de narcotráfico en un campo relacionado con Airaldi. La Prefectura Naval Argentina fue encargada de realizar tareas de inteligencia que, según los fiscales, han confirmado la implicación del acusado y la magnitud de la red operada. Este caso destaca la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad en la detección y combate del narcotráfico, un problema que afecta a diversas regiones del país.