El caso de una paciente psiquiátrica que fue supuestamente víctima de abuso sexual mientras se encontraba bajo custodia policial en un hospital de San Juan ha desatado una serie de interrogantes sobre la seguridad y la atención en las instituciones de salud mental. La joven, que estaba internada en el Hospital Ventura Lloveras de la localidad de Sarmiento, vivió una experiencia traumática que ha puesto en el centro del debate la eficacia de las medidas de resguardo y la responsabilidad del personal médico y de seguridad en estos entornos.
Según la información divulgada por fuentes judiciales, la paciente se encontraba en el hospital cumpliendo con una medida de internación dispuesta por un caso de Flagrancia. Durante su estadía, contaba con custodia policial constante debido a su situación legal. En contraste, el presunto agresor, quien se hallaba en tratamiento voluntario por adicciones, no tenía restricciones de movimiento dentro del área de salud mental, lo que plantea serias dudas sobre la gestión del riesgo en este tipo de instituciones.
El incidente ocurrió cuando, bajo circunstancias que aún están siendo investigadas, la paciente logró eludir la vigilancia policial y se dirigió a la habitación del acusado. Se ha señalado que ambos habían coordinado un encuentro, lo que genera preocupaciones sobre la supervisión y el control de los internos en el hospital. Una vez en la habitación, la situación se tornó alarmante, ya que la joven relató que fue forzada a ingresar al baño, donde presuntamente sufrió violencia sexual.
El relato de la paciente es desgarrador: tras lograr escapar del cuarto del joven, se presentó ante los policías encargados de su custodia visiblemente alterada y en estado de shock, lo que llevó a la rápida activación de los protocolos de intervención. El personal médico del hospital, junto con expertos de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) CAVIG, se movilizó de inmediato para atender la situación y recabar los primeros testimonios, evidenciando la importancia de una respuesta rápida ante situaciones de violencia.
Sin embargo, la joven no pudo realizar la denuncia de inmediato debido a su vulnerabilidad emocional, y fue solo días después, con el apoyo de profesionales, que pudo formalizar su exposición. Esta demora en el proceso de denuncia es un aspecto crítico que pone de relieve el impacto psicológico que tales situaciones pueden tener sobre las víctimas, especialmente en entornos tan complejos como el de la salud mental.
La intervención de la UFI fue crucial para llevar adelante una investigación exhaustiva. Se llevaron a cabo exámenes médicos y se documentó el estado físico y psicológico de la joven, permitiendo que el caso fuera judicializado en un período relativamente corto. La Fiscalía formalizó la imputación por abuso sexual con acceso carnal, y la jueza de Garantías, Flavia Allende, determinó la imputación del joven, considerando su condición mental al momento de los hechos. Esto ha llevado a la magistrada a optar por medidas de seguridad alternativas en lugar de una prisión convencional, lo que genera un nuevo debate sobre la justicia y la protección de las víctimas en el sistema judicial argentino.
