En un caso que ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general, siete exmonjas del monasterio de Belorado se preparan para ser juzgadas en la ciudad de Bilbao, tras la conclusión de la fase de instrucción de un proceso judicial que las involucra en situaciones de trato degradante, coacciones y abandono de cinco religiosas de avanzada edad. La jueza encargada del caso ha decidido archivar las actuaciones contra una octava exmonja, al no encontrar pruebas suficientes que indiquen su participación en los delitos que se les imputan.
Los hechos que motivaron esta investigación datan del 18 de diciembre, cuando la Guardia Civil, en colaboración con una comitiva judicial, ingresó al convento de Orduña en Bizkaia. Allí se encontraron con cinco religiosas que, según informes, vivían en condiciones altamente preocupantes, con edades que oscilan entre los 87 y 101 años. Estas mujeres fueron trasladadas al Hospital de Basurto para una evaluación médica, donde se confirmaron las alarmantes condiciones en las que se encontraban, lo que desató la intervención de las autoridades.
El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao emitió un auto el 14 de mayo que formaliza el cierre de la instrucción, permitiendo que el proceso avance hacia un juicio. Las acusaciones se centran en la supuesta negligencia y maltrato hacia las religiosas mayores, lo que ha generado un gran revuelo tanto en la opinión pública como en el ámbito religioso. Las exmonjas que enfrentarán el juicio son Laura García de Viedma (Sor Isabel), Susana Mateo Cruz (Sor Sión), Roser Mas Selles (Sor Berit), Isabel Berta Jiménez (Sor Israel), Susana Varo Navarro (Sor Paloma), María Ana Paz Rubín (Sor Belén) y Sandra del Río Domínguez (Sor Alma).
A pesar de la gravedad de las acusaciones, las exmonjas han declarado su inocencia y afirman que el resultado de este juicio dependerá de las pruebas presentadas por las partes acusadoras. La defensa está a cargo de la abogada Norma Raño, quien ha manifestado que se recurrirá esta decisión en los plazos establecidos, tanto ante el mismo juzgado como ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
En un comunicado lanzado por las exmonjas, quienes se autodenominan "las monjas rebeldes", se expresa su firmeza ante la adversidad, afirmando que continuarán unidas y que su fe las fortalece en este difícil momento. "Son luz y fosforescencia en la oscuridad", reza el mensaje, que refleja su resolución de afrontar los desafíos legales que se les presentan. Esta situación plantea interrogantes sobre la protección y el bienestar de los miembros más vulnerables de la comunidad religiosa, así como sobre los mecanismos de supervisión en instituciones que cuidan a personas de la tercera edad.
El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad que tienen las instituciones religiosas en el cuidado de sus miembros, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La sociedad está atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos en el juicio y qué implicaciones tendrá para el futuro de otros conventos y comunidades religiosas que enfrentan desafíos similares. En un contexto donde el bienestar de las personas mayores cobra cada vez más relevancia, la resolución de este caso podría sentar un precedente importante para la gestión de los derechos y la dignidad de las religiosas en situaciones comparables.
