El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, quien gobernó el país entre 1996 y 1997, anunció que recurrirá a instancias internacionales para apelar la sentencia dictada en su contra y contra su hijo, Jacobo Bucaram. Ambos fueron declarados culpables de colaborar en un delito de delincuencia organizada dentro del caso conocido como “Pruebas COVID-19”.
La Justicia ecuatoriana condenó a los dos a nueve años y cuatro meses de prisión por la comercialización ilegal de 21.000 pruebas de COVID-19 durante la pandemia. En el mismo expediente, el exagente de tránsito Leandro B. y el ciudadano israelí Sheinman O. recibieron penas de 13 años y cuatro meses.
Durante una conferencia de prensa realizada en su domicilio, Bucaram cuestionó el fallo y sostuvo que “no hay delito” y que “nunca lo hubo”. “El fallo era ridículo”, afirmó, y preguntó: “¿Dónde está el delito?”. En ese sentido, comparó la operación investigada con “una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas COVID...”.
El exmandatario también aseguró que su hijo permanece en Ecuador y negó que ambos tengan previsto abandonar el país. “Mi hijo está aquí, ya mismo viene a comer. No ha salido del país y no tiene por qué salir del país, no tiene boleta de captura”, declaró. Sobre su propia situación, dijo que podría viajar “ahorita” a “México, a Panamá...”, pero explicó que no lo hace por su edad —tiene 74 años— y por su familia.
