San José, 27 de mayo (Redacción Medios Digitales). La organización no gubernamental Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua ha expresado su enérgico rechazo a lo que consideran una "práctica cruel e inhumana" por parte del Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La crítica surge en el contexto de la reciente exhibición pública de prisioneros políticos en condiciones de salud deterioradas, en lugar de optar por su liberación.
El abogado Gonzalo Carrión, integrante del colectivo y defensor de derechos humanos, denunció esta situación a través de un mensaje difundido a diversos medios. Carrión hizo referencia al caso específico de Brooklyn Rivera Brayan, un exdiputado indígena miskito de 73 años que se encuentra hospitalizado en una unidad de terapia intensiva desde el 7 de marzo. Rivera ha sido víctima de detención desde septiembre de 2023, y su estado de salud actual es alarmante, según los reportes médicos.
Las autoridades nicaragüenses han mostrado imágenes de Rivera en su lecho de enfermo, lo que Carrión califica como una violación a los derechos humanos y un acto de propaganda estatal. "Las imágenes son elocuentes y demuestran la comisión de crímenes de Estado y de lesa humanidad, ya que este individuo estaba en condición de desaparecido", afirmó Carrión desde su exilio en Costa Rica. Su llamado a la comunidad internacional es claro: exigir la liberación de quienes se encuentran en situaciones similares y responsabilizar al gobierno por la salud de los prisioneros.
El informe del Ministerio de Salud de Nicaragua indica que la condición de Rivera es crítica, requiriendo ventilación mecánica debido a complicaciones respiratorias y con un diagnóstico de fallas múltiples en órganos, además de una infección pulmonar activa. La situación de Rivera no es un caso aislado; pone de relieve un patrón preocupante en el tratamiento de figuras de la oposición por parte del gobierno. Antes de él, Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega, falleció bajo arresto domiciliario en 2024. Asimismo, el exguerrillero Hugo Torres murió en custodia en 2022, también en circunstancias de salud no aclaradas.
La opositora Ana Margarita Vigil, quien ha sido despojada de su nacionalidad, expresó su dolor y sorpresa ante la situación de salud de Rivera. En un mensaje a través de sus redes sociales, Vigil describió la situación como "devastadora" y cuestionó la falta de humanidad del régimen. Su indignación se centra en el sufrimiento de la familia del exdiputado, quien ha sido privado de la posibilidad de recibir apoyo y compañía durante su grave estado de salud.
Este contexto resalta la creciente preocupación por los derechos humanos en Nicaragua, particularmente en lo que respecta a la situación de los prisioneros políticos. La represión de la oposición y la falta de transparencia en el sistema de justicia han llevado a una crisis humanitaria que requiere atención urgente. La comunidad internacional está llamada a actuar y a exigir cambios significativos en la política del gobierno nicaragüense, así como garantías para la vida y la salud de aquellos que son perseguidos por motivos políticos.
Las acciones del gobierno nicaragüense no solo son cuestionadas por organismos de derechos humanos, sino que también generan un clima de incertidumbre y miedo entre la población. La visibilidad de estas prácticas inhumanas puede ser un punto de inflexión para que grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros redoblen sus esfuerzos en pro de una solución pacífica y justa para la crisis nicaragüense.
