El Consejo de la Magistratura de la Nación ha convocado al juez Alejandro Patricio Maraniello para que declare el próximo 17 de junio a las 10 de la mañana, en el marco de la Comisión de Acusación. Esta citación se produce bajo el artículo 20 del Reglamento de Disciplina, en medio de un creciente cúmulo de denuncias que lo implican en casos de acoso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos públicos. La naturaleza de esta convocatoria es similar a una indagatoria, lo que otorga al magistrado la oportunidad de defenderse ante las acusaciones que pesan en su contra.
La decisión de citar a Maraniello fue impulsada por el consejero Luis Juez, quien presentó la iniciativa ante la acumulación de varios expedientes, entre los que se encuentran los números 139/2024 y 157/2024, interpuestos por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, se incluyen otros casos, como los expedientes 172/2024 y 112/2023, que reflejan quejas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, así como el expediente 155/2025, que proviene de una denuncia realizada por legisladores de la Coalición Cívica.
Las acusaciones formuladas por el gremio judicial son especialmente graves, ya que incluyen denuncias de hostigamiento tanto moral como sexual dentro del ámbito laboral, así como un abuso de poder por parte de Maraniello hacia sus subordinadas. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las quejas enviadas desde su tribunal superior, lo que sugiere una cultura de trabajo tóxica y opresiva en su juzgado. Los testimonios recabados por los denunciantes apuntan a un patrón de comportamiento que ha generado un ambiente hostil para las trabajadoras.
Además, se ha mencionado una controversia relacionada con una medida cautelar dictada por Maraniello, que prohíbe la difusión de audios vinculados a Karina Milei, lo que ha levantado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su imparcialidad y ética como juez. La presentación relacionada con esta censura previa fue realizada por el legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli, quienes expresaron su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la libertad de prensa y la transparencia judicial.
La votación para citar a Maraniello fue aprobada durante una sesión de la Comisión de Acusación, que está presidida por Alberto Maques y cuenta con la participación de varios consejeros, entre ellos Jimena de la Torre, Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, César Grau y Luis Juez. Esta medida resalta el compromiso del Consejo de abordar las denuncias de mala conducta en el ámbito judicial, aunque la investigación ha sido objeto de atención durante varios meses, lo que ha generado un clima de expectativa en torno a la resolución de este caso.
Los relatos de testigos han revelado una serie de exigencias poco convencionales en el juzgado de Maraniello, que van desde la vestimenta de las empleadas hasta la asignación de tareas, lo que ha llevado a que las trabajadoras sean apodadas “las azafatas de Maraniello”. Esta atmósfera de control y manipulación ha sido descrita como un factor que ha contribuido al sufrimiento y la angustia de las empleadas, quienes han sentido la necesidad de buscar ayuda en instancias como la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara. Uno de los relatos más impactantes proviene de un escribiente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6, quien relató cómo una compañera suya había denunciado un abuso sexual ante las autoridades competentes.
El caso de Patricio Maraniello pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre la conducta de los miembros del poder judicial y la importancia de establecer mecanismos efectivos para proteger a las víctimas de abusos en su entorno laboral. La atención que ha generado este caso puede ser un punto de inflexión para abordar las problemáticas de acoso y maltrato en el ámbito judicial y, potencialmente, en otros sectores de la sociedad. La citación de Maraniello podría significar el inicio de un proceso que permita esclarecer las acusaciones y, de ser necesario, tomar medidas correctivas que aseguren la integridad de las instituciones judiciales en el país.
