Un nuevo giro se suma al caso de la falsa médica cirujana que desde 2020 atendía en clínicas de General Roca y Villa Regina, con un título que se sospecha es apócrifo, supuestamente emitido por una universidad venezolana. Este jueves, la Fiscalía de Río Negro solicitó que la causa relacionada con Mariela Marzano sea trasladada a la Justicia Federal. El motivo de esta petición radica en la presunta falsedad de los documentos que la mujer presentó como válidos para ejercer la medicina en Argentina.
El análisis del caso se ha visto reforzado por un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, que indica que Marzano ha realizado viajes a varios países de América y Europa, pero no existe registro de su ingreso a Venezuela, donde debería haber completado su formación médica. Este hecho plantea serias dudas sobre la veracidad de su título, dado que se requería su presencia en el país durante los últimos dos años de su carrera, así como para las residencias hospitalarias obligatorias.
Las fiscales Teresa Giuffrida y Celeste Benatti han argumentado que la supuesta falsedad de los documentos no se limita únicamente al título de médico cirujano atribuido a la Universidad de Los Andes de Venezuela. También han cuestionado la autenticidad de una resolución del Ministerio de Educación argentino relacionada con la convalidación de dicho título y una presunta resolución de la Universidad Nacional del Comahue que lo respaldaría. La fiscal Giuffrida ha señalado: “Solicitamos que se declare la incompetencia de la Justicia provincial, ya que los documentos involucrados en esta investigación parecen derivar de resoluciones fraudulentas emitidas por organismos nacionales, lo que hace que este caso deba ser tratado por la justicia federal”.
Un aspecto crucial del caso se reveló durante una entrevista con el secretario general de la universidad en cuestión, quien aseguró que Marzano “nunca fue alumna de la institución”, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del título que la mujer presentó a las autoridades. Además, el funcionario explicó que para que un título sea válido en el exterior, debe estar apostillado en La Haya y registrado ante el ministerio educativo local, requisitos que tampoco fueron cumplidos por Marzano.
La Fiscalía también ha solicitado información al Ministerio de Educación de la Nación para corroborar el proceso de convalidación de títulos extranjeros. En su análisis, se destacó que el documento presentado por Marzano incluía un encabezado que hacía referencia al “Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación”, y otorgaba la convalidación como médica cirujana de manera directa, un procedimiento que no coincide con los requisitos establecidos por la normativa argentina.
Las conclusiones de la audiencia realizada indicaron que, según la acusación fiscal, todos los documentos utilizados por Marzano para respaldar su formación médica habrían sido adulterados. Este conjunto de documentos incluye el diploma extranjero, la supuesta convalidación nacional y la presunta intervención de la universidad local, lo que podría llevar a consecuencias legales significativas para la acusada.
El caso fue denunciado el 6 de abril ante la Fiscalía General, y desde entonces ha cobrado relevancia no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la implicancia que esto tiene en el ámbito de la salud pública. La comunidad se encuentra expectante ante el desenlace de esta investigación que pone en cuestión la regulación de los títulos médicos en el país y la seguridad de los pacientes atendidos por profesionales de la salud.
