La reciente media sanción otorgada por la Cámara de Diputados al proyecto del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir el régimen de Zona Fría, ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores políticos. Este régimen, establecido para subsidiar el consumo de gas en regiones con climas fríos y alta demanda energética, ha sido una herramienta crucial para ayudar a millones de hogares a afrontar las altas facturas durante el invierno. Si el Senado aprueba la iniciativa, se estima que más de 1.240.000 hogares en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires perderían los descuentos, enfrentándose a incrementos de tarifas que podrían oscilar entre el 40% y el 100%. Este impacto no se limitaría a Buenos Aires, ya que también afectaría a alrededor de 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza.
El régimen de Zona Fría fue instaurado en el año 2002, inicialmente abarcando solo a las provincias patagónicas y algunas áreas de Mendoza y Buenos Aires. Sin embargo, en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández y con la propuesta del diputado Máximo Kirchner, se amplió significativamente, beneficiando a una gran cantidad de municipios en Buenos Aires y otras provincias argentinas. Esta ampliación permitió a millones de familias acceder a descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas, aliviando parte de la carga económica que enfrentan en los meses más fríos del año.
La legislación que ha recibido media sanción busca revertir las mejoras logradas en 2021, volviendo al esquema original y excluyendo a las provincias que se sumaron posteriormente. Este cambio significaría una reducción drástica en los beneficios para más de tres millones de hogares a nivel nacional, desencadenando una respuesta contundente de distintos actores políticos. La oposición, en especial, ha manifestado su descontento, uniendo a peronistas y radicales en un frente común contra la medida.
Uno de los más fervientes críticos ha sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien durante un acto en Florencio Varela calificó la iniciativa como un “gran error”. Kicillof hizo un llamado al Senado para que rechace la propuesta antes de que cause un daño irreparable a la población, advirtiendo sobre las consecuencias de aplicar un recorte en un contexto donde muchas familias ya están luchando por llegar a fin de mes. “Pensé que habíamos alcanzado el límite de la crueldad, pero evidentemente no es así”, afirmó, reflejando la indignación de muchos ciudadanos.
El mandatario peronista no solo cuestionó la moralidad de la medida, sino que también puso en tela de juicio la legalidad de ciertos artículos del proyecto. En caso de que la norma sea finalmente sancionada, Kicillof ha manifestado su intención de recurrir a la Justicia para intentar detener su implementación, argumentando que hay aspectos del texto que son claramente ilegales.
Kicillof también enmarcó este recorte dentro de un ajuste más amplio impulsado por el Gobierno nacional, señalando que “la motosierra llegó con apoyo del Congreso”. En su análisis, comparó la situación de Argentina con la de otros países que han tomado medidas para mitigar el impacto del aumento global en los precios de la energía, sosteniendo que mientras otros gobiernos intentan proteger a sus ciudadanos, el de Milei ha optado por trasladar este costo directamente a las familias a través de tarifas más altas en gas, electricidad y combustibles. La oposición se encuentra en un momento decisivo, donde la capacidad de movilizarse y articular una respuesta efectiva podría marcar la diferencia en las próximas instancias legislativas.
