En un giro inesperado de las relaciones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha convocado al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para expresar su profunda preocupación por lo que califica como la "retención ilegal" de una menor de edad de nacionalidad rusa en territorio mexicano. Este incidente ha generado un clima de tensión entre ambos países, evidenciando la complejidad de los casos de protección infantil que involucran a ciudadanos extranjeros.
La portavoz del Ministerio ruso, Maria Zajarova, ha subrayado la urgencia del asunto, señalando que la menor, identificada como Kristina Romanova, se encuentra en una "institución cerrada especializada" en México. Las autoridades rusas han exigido a sus pares mexicanos que permitan el acceso consular inmediato a la menor y que se tomen medidas para resolver su situación. La retención de Kristina ha sido calificada por Zajarova como un acto que podría derivar en lo que se conoce como "desaparición forzosa" si no se toman acciones rápidas para su liberación.
Kristina, de 17 años, llegó a México junto a su madre adoptiva, quien es una ciudadana rusa naturalizada mexicana. En el año 2023, autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) intervinieron en su caso tras detectar supuestos riesgos de violencia familiar y presunto abuso por parte de un hermanastro. Este contexto ha hecho que el caso sea aún más delicado, ya que involucra no solo la protección de una menor, sino también posibles violaciones a sus derechos en un ambiente familiar complicado.
La situación se tornó más compleja en septiembre de 2024, cuando Kristina fue reportada como desaparecida tras salir sin autorización de un albergue en Toluca. Posteriormente, fue localizada en Tijuana, lo que llevó a su madre a acusar a supuestos agentes mexicanos de haberla secuestrado. Esta serie de eventos ha complicado aún más las relaciones entre México y Rusia, ya que ambos países ahora deben abordar no solo la cuestión de la repatriación de la menor, sino también las alegaciones de abuso y negligencia familiar.
Desde entonces, el personal de la Embajada de Rusia en México ha logrado reunirse con Kristina en varias ocasiones, durante las cuales la menor ha manifestado su deseo de regresar a su país natal. Sin embargo, a pesar de estas solicitudes, su repatriación aún no se ha concretado, lo que ha llevado a las autoridades rusas a considerar que su permanencia en México es "ilegal", dado que no existen cargos en su contra.
Este caso pone de relieve las complicaciones que pueden surgir en situaciones de protección infantil que involucran a ciudadanos de diferentes nacionalidades. Las autoridades de ambos países se enfrentan ahora al desafío de encontrar una solución que respete los derechos de la menor y, al mismo tiempo, evite una mayor escalada en las tensiones diplomáticas. La comunidad internacional observa atentamente este desarrollo, que podría tener implicaciones más amplias en las relaciones entre Rusia y México, así como en el manejo de casos similares en el futuro.
