Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ha solicitado oficialmente la ampliación de su declaración indagatoria en el marco del juicio oral relacionado con el caso conocido como Sueños Compartidos. Este caso investiga un presunto fraude que involucra el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, un tema de gran relevancia y sensibilidad social en Argentina. La solicitud fue presentada al Tribunal Oral Federal 5, donde Schoklender argumenta su derecho a una defensa adecuada en la próxima audiencia programada.
El juicio se centra en una serie de acusaciones de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el que Schoklender es uno de los nueve imputados. Entre los otros acusados se encuentran figuras de relevancia política, como su hermano Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López. Esta amplia lista de imputados refleja la complejidad y las ramificaciones políticas del caso, lo que ha mantenido a la opinión pública y a los medios de comunicación atentos a cada nuevo desarrollo.
Durante su primera declaración en marzo de este año, Schoklender hizo afirmaciones contundentes sobre el uso de la Fundación como un instrumento político al servicio del kirchnerismo. Aseguró que Hebe de Bonafini, quien presidía la organización y falleció en 2022, utilizaba los recursos destinados a la construcción de viviendas para movilizar a personas hacia actos políticos. Esta revelación ha generado un amplio debate sobre la utilización de fondos públicos y los vínculos entre organizaciones sociales y políticas en el país.
Schoklender también insinuó que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros altos funcionarios estaban involucrados en una serie de decisiones que favorecieron el programa de viviendas, sugiriendo que existía una especie de protección política que impedía cuestionar el uso de los recursos. La situación, según su relato, cambió drásticamente tras la muerte de Néstor Kirchner, cuando, según él, todo se descontroló, lo cual añade una capa de complejidad a la narrativa sobre la gestión de estos fondos.
En la última audiencia, varios testigos aportaron información relevante al juicio. Uno de ellos fue el exdiputado nacional Hipólito Faustinelli, quien recordó que durante su tiempo al frente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, se realizaron audiencias para evaluar el Programa Sueños Compartidos. Faustinelli subrayó que uno de los aspectos que más le sorprendió fue la implementación de un nuevo sistema constructivo que prometía reducir los costos de las obras en un 30% en comparación con métodos tradicionales, lo que generó expectativas sobre la eficiencia del programa.
Por otro lado, Miriam Aquino, representante de una asociación barrial que supuestamente sería beneficiaria de las viviendas, relató un episodio crítico en el que Schoklender se presentó tras un incendio que devastó 460 casillas en el asentamiento Villa Cartón. Aquino denunció que, a pesar de la rescisión del convenio, aparecieron documentos que complican la situación y sugieren un manejo poco transparente de los recursos. Este tipo de testimonios y la documentación presentada en el juicio son esenciales para comprender la magnitud de las irregularidades denunciadas.
A medida que avanza el proceso judicial, las implicaciones de este caso no solo afectan a los involucrados directamente, sino que también plantean interrogantes sobre la administración de programas sociales en el país y su relación con la política. La atención sobre el juicio de Sueños Compartidos continúa creciendo, y la ampliación de la declaración de Schoklender podría ofrecer nuevos elementos para el análisis de un caso que ha marcado un hito en la historia reciente de la política argentina.
