El fenómeno del delivery ha tomado un papel protagónico en la vida cotidiana de los argentinos, consolidándose como una opción preferencial para la compra de alimentos y productos a través de aplicaciones como PedidosYa y Rappi. Este auge en el uso de plataformas de entrega ha llevado a un aumento en la cantidad de pedidos realizados, sin embargo, la situación de los repartidores y los comercios que operan dentro de este ecosistema se presenta compleja y desafiante. A pesar del crecimiento del sector, los ingresos de los repartidores han experimentado una drástica caída en términos de poder adquisitivo, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo de negocio.
De acuerdo a un análisis de Focus Market, el poder de compra de los repartidores ha disminuido un 12% en el último año. Esto se debe, en parte, a que los ingresos generados por cada entrega no han crecido al mismo ritmo que la inflación y el aumento de precios en el mercado. Por otro lado, los comercios que utilizan estas aplicaciones enfrentan comisiones que oscilan entre el 25% y el 35% del valor total de cada venta, dependiendo de si optan por utilizar su propia logística o la de la plataforma. Estas comisiones elevadas ponen en jaque la rentabilidad de los negocios, obligándolos a trasladar estos costos a los precios finales que pagan los consumidores.
Damián Di Pace, director de la consultora que realizó el informe, señala que las aplicaciones de delivery han logrado adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, facilitando el acceso a productos y generando oportunidades para los comercios. Sin embargo, el gran desafío radica en equilibrar la expansión del sector con la rentabilidad, en un contexto marcado por costos logísticos crecientes, promociones constantes y una presión regulatoria cada vez mayor. Esto crea un entorno complicado tanto para los repartidores, que ven sus ingresos estancados, como para los comercios, que deben lidiar con márgenes de ganancia cada vez más ajustados.
El costo del servicio de delivery no solo recae sobre los comercios, sino que también impacta en los consumidores. Además del precio de los productos y el costo de envío, las aplicaciones aplican una tarifa de servicio que varía entre el 1,5% y el 2% del total del pedido. Esto significa que, al realizar una compra, el consumidor no solo está pagando por el producto en sí, sino también por una serie de costos adicionales que no siempre son evidentes. Esta situación ha generado un efecto dominó que afecta a todos los actores involucrados en el proceso de entrega.
La situación laboral de los repartidores es otra cuestión crítica en este contexto. Según el Índice APP de la Fundación Encuentro, en diciembre de 2025, un repartidor promedió ingresos de $3.033 por pedido, sin incluir propinas. Para cumplir con la Canasta Básica Total de una familia tipo en Argentina, un repartidor debería realizar aproximadamente 454 pedidos al mes, lo que se traduce en alrededor de 18 entregas diarias durante todo el mes. Esta demanda de trabajo es insostenible para muchos, lo que pone de manifiesto la precariedad del empleo en este sector.
A medida que el delivery sigue creciendo en Argentina, se vuelve fundamental reflexionar sobre la equidad en la distribución de los beneficios generados por este modelo de negocio. Las aplicaciones de entrega continúan fortaleciendo su posición en el mercado, mientras que los comercios y repartidores enfrentan realidades económicas cada vez más difíciles. La falta de una regulación adecuada que proteja a los trabajadores y garantice condiciones justas para los comercios podría llevar a un colapso de este sistema, que en la actualidad parece ser una solución conveniente pero insostenible en el largo plazo.
En conclusión, el delivery ha transformado la forma en que los argentinos consumen productos y servicios, pero este crecimiento no se ha traducido en beneficios equitativos para todos los actores involucrados. La combinación de altos costos operativos, comisiones elevadas y la precariedad de los ingresos de los repartidores plantea serios desafíos para la viabilidad del sector. Es imperativo que se busquen soluciones que prioricen la justicia económica, asegurando que el modelo de delivery sea sostenible y beneficioso para todos.



