El juez federal Ariel Lijo ha determinado que no existen pruebas que respalden la acusación de espionaje presentada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno del canal TN. Esta resolución se produce en el marco de una denuncia que surgió a raíz de una grabación realizada en la Casa Rosada, la cual fue difundida en el programa "¿Y mañana qué?". La controversia que rodeó esta situación llevó al Gobierno a adoptar medidas drásticas, como la revocación de las acreditaciones de los periodistas involucrados y el cierre de la Sala de Periodistas durante un periodo de diez días, un hecho sin precedentes en el contexto democrático argentino.
El fallo del juez Lijo, emitido este miércoles, coincide con el análisis del fiscal Gerardo Pollicita, quien también concluyó que "no se verifica en las grabaciones información que permita presumir un riesgo concreto o real a la seguridad nacional o a los funcionarios del Poder Ejecutivo". Esta evaluación subraya la falta de fundamentos en la denuncia oficial, que intentaba vincular la publicación de las grabaciones con una posible amenaza a la seguridad del Estado. Lijo reafirmó que las grabaciones no revelan secretos relacionados con la seguridad nacional ni con el funcionamiento interno de la Casa de Gobierno.
En su resolución, el magistrado enfatizó que las grabaciones en cuestión no generaron condiciones que permitieran la divulgación de información clasificada, como alegaba la denuncia. Según Lijo, no se observó la existencia de elementos que justifiquen una intervención judicial, por lo que consideró que los hechos denunciados se sitúan fuera del ámbito del derecho penal. De este modo, se desestimó la denuncia y se dispuso el archivo de la causa por falta de delito.
La denuncia había sido formulada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien acusó a los periodistas de realizar una "grabación subrepticia" dentro de la sede gubernamental, advirtiendo que el contenido de la grabación podría comprometer la seguridad nacional. En su escrito, Ibáñez sostuvo que el periodista había ingresado a la Casa Rosada con "lentes inteligentes" y que había recorrido pasillos y despachos identificando a las personalidades presentes.
Además, el jefe de la Casa Militar argumentó que el acceso a la sede del Poder Ejecutivo y la exposición de sus detalles podrían poner en riesgo la seguridad del país. Sin embargo, el juez Lijo refutó estas afirmaciones, señalando que los registros emitidos por TN eran, en su mayoría, información accesible públicamente a través de diversas plataformas, incluida la página oficial de la Presidencia y otras herramientas digitales.
Por último, el juez hizo hincapié en que, al revisar el contenido de las grabaciones, no se evidenció la presencia de sistemas de seguridad o vigilancia, ni actividades del personal de custodia, lo que llevó a considerar que la denuncia carecía de fundamento. Este caso no solo refleja un episodio de confrontación entre el Gobierno y los medios de comunicación, sino que también plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en un contexto político cada vez más tenso.
