En el marco de la IV Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada en Nassau, Bahamas, se logró un avance significativo en la colaboración regional para la gestión de asuntos ambientales. Durante esta reunión, que se desarrolló a lo largo de cinco días, se aprobaron diez pactos que buscan fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. La importancia de estos acuerdos radica en su potencial para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión ambiental, elementos esenciales para enfrentar los desafíos que presenta el cambio climático y la degradación ambiental en la región.

Entre las decisiones más destacadas se encuentra la creación de grupos de trabajo dedicados a dos temas cruciales: el registro de emisiones y contaminantes, así como el acceso a la justicia ambiental. Estos grupos tienen la misión de desarrollar metodologías y herramientas que faciliten a los Estados Parte la identificación de brechas y la implementación de acciones concretas y priorizadas en materia ambiental. La creación de estos grupos es un paso fundamental hacia el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la promoción de un enfoque colaborativo en la toma de decisiones.

Asimismo, se aprobaron lineamientos metodológicos destinados a la elaboración de hojas de ruta que permitan a los países firmantes implementar el acuerdo de manera efectiva. Estas hojas de ruta son herramientas clave que guiarán a cada nación en la definición de sus prioridades y acciones específicas, siempre bajo un marco de colaboración y transparencia. Este enfoque busca asegurar que todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil, sean parte del proceso, promoviendo así una mayor inclusión en la gestión de los recursos naturales.

Otro punto relevante de la COP4 fue el mandato otorgado a la Secretaría del Acuerdo, que opera bajo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta Secretaría deberá reforzar la cooperación y el intercambio con otros organismos y programas de las Naciones Unidas, así como con las secretarías de acuerdos ambientales multilaterales. Esta colaboración es esencial para fortalecer las capacidades de los Estados Parte y avanzar en la implementación de los derechos de acceso que el Acuerdo de Escazú promueve.

En cuanto a la continuidad de las actividades del Acuerdo, se decidió extender por un año el mandato del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Esta extensión permitirá que el Comité continúe su labor hasta las próximas Conferencias de las Partes, programadas para 2028 y 2030. Esta decisión subraya el compromiso de los países de seguir trabajando en la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados y en la promoción de una gestión ambiental más justa y equitativa.

Por último, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel, hizo un llamado a los países que aún no son parte del Acuerdo de Escazú para que se unan a esta iniciativa. De Miguel enfatizó la necesidad de que todos los países de la región trabajen juntos, indicando que el progreso colectivo es fundamental para abordar los retos ambientales de manera efectiva. Además, destacó la importancia de la información como un elemento clave para la justicia ambiental, resaltando el enfoque territorial que caracteriza al Acuerdo. Hasta la fecha, 24 países han firmado el Acuerdo de Escazú, de los cuales 19 son Estados Parte, incluyendo a Argentina, Chile, y México, entre otros. El Acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y comenzó a regir en 2021, marcando un hito en la cooperación regional en materia ambiental.