Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha sido sobreseído en una investigación que indagaba sobre un posible lavado de activos. Esta resolución también exime de culpa a sus hijos, Matías e Iván Tapia. La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico, Juan Galván Greenway, con el asesoramiento del fiscal Jorge Dhal Rocha, quienes concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra.
La causa que llevó a esta investigación se remonta a 2021 y se originó a partir de una denuncia que planteaba inquietudes sobre el crecimiento patrimonial de Tapia y su familia. En particular, se cuestionaba la legalidad de un acuerdo indemnizatorio relacionado con la cancelación de un partido amistoso entre la selección argentina e Israel, programado para el 9 de junio de 2018 en Jerusalén. Esta suspensión fue motivada por protestas y advertencias de seguridad, lo que generó una controversia que se extendió más allá del ámbito deportivo.
Durante el proceso, se realizaron exhaustivos análisis patrimoniales que incluyeron revisiones de informes bancarios, tributarios y registros de propiedades, así como la adquisición de vehículos de lujo. A pesar de las preocupaciones planteadas en la denuncia, los estudios realizados no permitieron establecer una relación directa entre las finanzas de Tapia y conductas delictivas, como el lavado de dinero. De hecho, el informe concluyó que los ingresos declarados por Tapia, junto con un préstamo hipotecario, justificaban plenamente la compra de su vivienda y de los automóviles que posee.
El fiscal Dhal Rocha, al devolver el expediente al juez, solicitó el sobreseimiento de los involucrados, argumentando que no se habían hallado elementos suficientes para vincular los bienes de Tapia con alguna actividad ilícita. Esta determinación se basó en la falta de evidencia que indicara transferencias o movimientos de dinero sospechosos relacionados con la suspensión del partido, lo que debilitó las acusaciones de administración infiel formuladas contra el presidente de la AFA.
El juez Galván Greenway también hizo hincapié en que la denuncia se centraba en un hecho específico: la rescisión del contrato por la suspensión del partido. Consideró que este hecho no era suficiente para establecer una maniobra fraudulenta en el manejo de la AFA. La resolución destaca que la obligación de indemnizar por la cancelación del encuentro estaba claramente estipulada en el contrato, lo que refuerza la legalidad de las acciones de Tapia en este contexto.
Este desenlace no solo representa un alivio para Claudio Tapia y su familia, sino que también plantea preguntas sobre el uso de denuncias en el ámbito deportivo como herramientas de presión. La historia reciente del fútbol argentino ha estado marcada por la controversia y las acusaciones, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más riguroso y transparente en la administración de la AFA y en la gestión de su presidente. A medida que se avanza en la investigación de otros posibles casos de irregularidades, será crucial observar cómo la AFA responde a estas demandas de rendición de cuentas y transparencia en el futuro.
