En el contexto de una creciente preocupación social, cientos de personas con discapacidad, junto a familiares y profesionales de la salud, se movilizaron en varias ciudades argentinas para manifestar su rechazo a un controvertido proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei. La movilización, organizada principalmente por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo su epicentro en Buenos Aires, frente al Ministerio de Salud, pero también se replicó en localidades como Mar del Plata y Córdoba, donde los asistentes expresaron su descontento y exigieron la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada el año pasado pero aún no ha sido aplicada.
La propuesta legislativa del gobierno, conocida como la ley de fraude de pensiones por invalidez, ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Los manifestantes argumentan que este proyecto no solo pone en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, sino que también introduce un marco normativo que podría desregular los aranceles y complicar aún más la situación de un sector ya vulnerable. Los críticos de la iniciativa sostienen que el gobierno está utilizando un enfoque que estigmatiza a las personas con discapacidad y desvía la atención de los problemas estructurales que enfrenta el sistema.
Una de las justificaciones del gobierno para esta propuesta radica en el aumento significativo de pensiones por invalidez desde 2003 hasta 2023, periodo durante el cual la cantidad de beneficiarios pasó de 76,000 a 1.2 millones. Esta expansión ha llevado a las autoridades a insinuar que existe un “fraude” sistemático en la concesión de estos beneficios, lo cual ha sido rechazado por las organizaciones de defensa de los derechos, que consideran que este argumento carece de fundamentos sólidos y solo busca justificar recortes.
El texto del proyecto, que fue difundido recientemente por legisladores opositores, establece la necesidad de implementar mecanismos para detectar y sancionar fraudes en las pensiones, lo que incluye la creación de un nuevo registro obligatorio para beneficiarios. Sin embargo, los organizadores de la protesta han señalado que estas medidas no solo son innecesarias, sino que pueden resultar en la eliminación de pensiones para aquellos que logran conseguir empleo formal, una situación que afectaría gravemente a muchas familias.
Además de sus reclamos contra el nuevo proyecto, los manifestantes exigieron que el gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso a mediados de 2025 y posteriormente ratificada, a pesar de un veto presidencial. La falta de aplicación de esta norma ha sido justificada por el gobierno con el argumento de que no se han especificado las fuentes de financiamiento para su implementación, una afirmación que fue desestimada por la Justicia, que ordenó su aplicación inmediata el pasado diciembre, fallo que el Ejecutivo ha apelado.
La falta de actualización en los aranceles y las demoras en el pago de prestaciones han generado una alarmante incertidumbre en el sector, con el peligro de que esto derive en un cese generalizado de servicios esenciales para pacientes con discapacidad. Durante la protesta, se pudieron observar pancartas con mensajes contundentes como “Basta de crueldad” y “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, enfatizando la crítica a lo que consideran un ajuste brutal sobre un sector que ya enfrenta múltiples desafíos en su día a día.
