En una jornada marcada por la indignación y la lucha por los derechos, personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios llevaron a cabo una manifestación este miércoles frente al Ministerio de Salud de la Nación. La protesta, que incluyó un paro, se convocó para visibilizar la crítica situación que enfrenta el sector debido a los recortes en pensiones y a los atrasos en los pagos correspondientes al programa Incluir Salud. Los manifestantes exigen una urgente actualización de los aranceles y cuestionan un reciente proyecto de ley que modifica el esquema de pensiones, presentado por el gobierno de Javier Milei.

La movilización tuvo lugar frente a la sede del Ministerio, que es dirigido por Mario Lugones, en la emblemática avenida 9 de Julio, en pleno centro de Buenos Aires. Durante la protesta, los beneficiarios expresaron su preocupación por las recurrentes fallas en la entrega de insumos esenciales, como medicamentos y pañales. Además, denunciaron la acumulación de deudas con los prestadores de servicios, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026, lo que agrava aún más la situación.

En un comunicado emitido por los organizadores, se destacó que, a pesar del compromiso del Ministerio de Salud de saldar esta deuda en el transcurso del mes, los plazos de pago continúan siendo excesivamente prolongados. Esto ha llevado a que muchos prestadores de servicios se encuentren en una situación crítica, dificultando el cumplimiento de obligaciones básicas, como el pago de salarios, servicios y proveedores. Según las denuncias, el valor de los aranceles presenta un atraso del 40%, lo que ha generado un impacto negativo en el funcionamiento del sistema.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad, los representantes afirmaron que la falta de actualización de aranceles y la demora en los pagos han causado un daño significativo a todo el sistema, afectando tanto a prestadores como a trabajadores y personas con discapacidad. En muchos casos, los aumentos otorgados en el pasado han sido absorbidos por la inflación, lo que ha acentuado la crisis actual. "Los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones", advirtieron, subrayando la necesidad de una intervención inmediata para revertir esta situación.

En cuanto a los insumos, los manifestantes denunciaron que la demora en la entrega de medicamentos y pañales se ha intensificado, especialmente después de que se revelaran irregularidades en los procesos de compra. A pesar de haber trasladado sus quejas a las autoridades correspondientes, no han recibido respuestas concretas, lo que lleva a la comunidad a exigir la normalización urgente de estas prestaciones vitales que son esenciales para el bienestar de las personas con discapacidad.

Durante la movilización, se presentó un petitorio en la mesa de entrada del Ministerio de Salud, dirigido a Mario Lugones, donde se detallaron las demandas del sector. La marcha contó con la participación de diputados nacionales del peronismo y de la izquierda, quienes se solidarizaron con los reclamos de los manifestantes. La situación se agrava aún más con la reciente presentación del proyecto de ley “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” por parte del gobierno, que busca reformar el sistema actual bajo el argumento de presuntas estafas. Si se aprueba esta iniciativa, los beneficiarios se verán obligados a reempadronarse, lo que podría generar aún más incertidumbre y preocupación en un sector ya vulnerable.