La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (APRONOR) ha emitido un contundente pronunciamiento respecto a la creciente preocupación por una posible cartelización en la producción de semillas en el país. En un contexto donde el gobierno busca implementar un nuevo marco normativo alineado con estándares internacionales, como UPOV 91, la entidad agraria advierte sobre las implicancias negativas que esta iniciativa podría tener para el sector productivo. La preocupación se centra en cómo estas regulaciones podrían afectar la capacidad de los productores para reinvertir en sus actividades, en un país que ya enfrenta serias dificultades económicas y fiscales.
El presidente de APRONOR, Hugo Meloni, ha sido claro al señalar que la narrativa gubernamental que vincula el estancamiento en la producción agrícola con la falta de una nueva Ley de Semillas es incorrecta. En sus declaraciones, Meloni enfatizó que el verdadero obstáculo radica en la presión impositiva que enfrentan los productores, quienes, a diferencia de sus pares en otras naciones de la región, deben lidiar con retenciones que limitan su capacidad de inversión. "Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica que mantiene un régimen de retenciones que impide al productor reinvertir en su actividad", expresó Meloni, subrayando la necesidad de una revisión urgente de estas políticas fiscales.
Además, la entidad ruralista comparó la situación argentina con la de Brasil, que ha experimentado un crecimiento sostenido en su sector agrícola, gracias a un marco regulatorio más flexible que permite el uso propio de semillas y no aplica derechos de exportación. Este contraste resalta cómo las decisiones regulatorias y fiscales pueden influir significativamente en la competitividad y expansión del agro. APRONOR sostiene que, en lugar de enfocarse en una nueva legislación sobre semillas, el gobierno debería reconsiderar las políticas impositivas que asfixian a los productores.
Un aspecto crítico que menciona APRONOR es el rol del Instituto Nacional de Semillas, donde la entidad ha observado la presencia de funcionarios que, en el pasado, han estado vinculados a empresas del sector semillero. Esta situación genera interrogantes sobre la imparcialidad en la aplicación de las normativas y sanciones. La preocupación de APRONOR radica en que la cercanía de estos funcionarios con el sector privado podría influir en decisiones que, en teoría, deberían ser neutrales y orientadas a proteger los intereses de todos los productores.
Durante una entrevista, Meloni reiteró su desacuerdo con las afirmaciones del gobierno sobre la supuesta relación entre la falta de una nueva Ley de Semillas y el estancamiento productivo. "La realidad es que todavía tenemos un camino por recorrer con las semillas actuales", argumentó, añadiendo que las semillas disponibles en el mercado no son necesariamente inferiores a las propuestas por los semilleros. A su juicio, la insistencia en la necesidad de nuevas tecnologías parece estar más ligada a intereses económicos de ciertos actores que a una verdadera mejora en la productividad agrícola.
Finalmente, APRONOR también expresó su preocupación por la posibilidad de que se implementen regulaciones más estrictas que limiten el uso propio de semillas, lo que, según ellos, generaría un aumento significativo en los costos de producción. La organización advierte que estas políticas no solo perjudicarían a los agricultores, sino que también comprometerían la soberanía productiva del país. En este sentido, Meloni y su equipo han hecho un llamado a la reflexión y a la necesidad de políticas que verdaderamente apoyen al sector agropecuario, priorizando su crecimiento y desarrollo a largo plazo.
