En la madrugada del viernes, el Gobierno nacional presentó un recurso judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Esta medida busca llegar hasta la Corte Suprema con el fin de suspender la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, justo antes de que venciera el plazo para que el Ministerio de Economía efectúe el desembolso de los fondos comprometidos. Este movimiento se produce en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y las instituciones académicas, que han manifestado su preocupación por el futuro del financiamiento universitario en el país.
El recurso, denominado Recurso Extraordinario Federal, fue presentado por Sebastián Amerio, el titular de la Procuración del Tesoro, ante la Sala III de la Cámara Federal. En su presentación, el Gobierno cuestionó un fallo anterior que había ordenado cumplir con una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a llevar a cabo el cumplimiento de ciertos artículos de la ley 27.795, que fue sancionada por el Congreso de la Nación. La disputa se centra en los artículos 5 y 6 de la mencionada ley, que establecen obligaciones de financiamiento que el Gobierno se muestra reacio a cumplir.
La presentación del recurso incluye un efecto suspensivo, lo que significa que el Ejecutivo busca evitar el desembolso de los fondos hasta que se resuelva la cuestión en la Corte Suprema. El plazo para el desembolso de los fondos expiraba a las 9.30 de la mañana del mismo día en que se realizó la presentación, lo que llevó al Gobierno a actuar con rapidez ante la falta de respuesta judicial. Esta maniobra ha sido interpretada como un intento de eludir el cumplimiento de un fallo que ya había sido dictado, generando críticas en el ámbito judicial sobre la solidez del planteo.
Además, el Gobierno solicitó que los miembros de la Corte Suprema se excusen del caso y que sean reemplazados por conjueces, argumentando que todos los magistrados son docentes universitarios. Esta estrategia ha despertado suspicacias y ha sido considerada por algunos expertos como un intento dilatorio, reminiscentes de maniobras pasadas en el contexto de la administración kirchnerista, donde se buscaba apartar a jueces de causas sensibles.
Desde la administración actual, se argumenta que cumplir con la ley de Financiamiento Universitario implicaría un desembolso de aproximadamente 2,5 billones de pesos, lo que comprometería la situación fiscal del país. Sin embargo, algunos analistas han señalado que el Presidente Javier Milei ha manifestado en varias ocasiones que, de ser necesario, se podrían realizar recortes en otras áreas del presupuesto para cumplir con esta obligación, aunque todavía queda por ver cómo se implementaría esta estrategia en la práctica.
Por otro lado, el Gobierno también ha criticado la ley, argumentando que no establece una fuente de financiamiento específica para los desembolsos requeridos, incumpliendo así normativas previas que exigen la aprobación de partidas presupuestarias específicas. Esto ha llevado a que se cuestionen los fundamentos de la ley, que fue aprobada en dos ocasiones por el Congreso luego de un intento de veto por parte del Ejecutivo.
Ante esta situación, las universidades han respondido mediante una jornada nacional de protesta, donde llevaron a cabo diversas actividades públicas, incluyendo clases al aire libre y servicios gratuitos. La comunidad académica ha reiterado su demanda por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, subrayando que sin este apoyo, la viabilidad de la educación pública y la investigación científica en el país se vería seriamente afectada. La tensión entre el Gobierno y las universidades parece estar lejos de resolverse, marcando un capítulo crítico en la discusión sobre el futuro del financiamiento educativo en Argentina.
