La justicia boliviana ha dictado este viernes una medida de prisión preventiva de 140 días para Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del ex presidente Luis Arce, quien ocupó el cargo de 2020 a 2025. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación que lo involucra en un presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, una causa que también salpica a su padre y a sus dos hermanos. La resolución fue emitida por un juzgado en Santa Cruz, donde se argumentó que existen elementos suficientes que justifican la detención del acusado.
Durante la audiencia judicial, Arce Mosqueira fue enviado al penal de Palmasola, conocido por ser uno de los más problemáticos del país. Su abogado, Wálter Suárez, ha calificado la medida como “excesiva” y ha expresado que el Ministerio Público no ha logrado sustentar con pruebas la existencia de “movimientos millonarios” que se le atribuyen. En respuesta a esta decisión, la defensa ha presentado un recurso de apelación, buscando revertir la medida cautelar impuesta.
El fiscal a cargo del caso, Néstor Tórrez, ha señalado que Marcelo Arce está siendo investigado debido a la supuesta utilización de recursos económicos por parte de su familia en funciones públicas, lo que habría facilitado la adquisición de bienes en ciudades clave como La Paz y Santa Cruz. Además, se ha mencionado que la investigación incluirá auditorías financieras y legales que se llevarán a cabo en un plazo de seis meses, para esclarecer los movimientos sospechosos en el sistema bancario que vinculan a la familia Arce.
Marcelo Arce fue aprehendido en el transcurso de la investigación que también involucra a sus hermanos Rafael y Camila, quienes actualmente se encuentran en paradero desconocido. Mientras tanto, su padre, Luis Arce, enfrenta su propia situación legal al estar bajo prisión preventiva en La Paz desde finales de 2025, debido a un caso de corrupción relacionado con su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, que se extendió de 2006 a 2019.
Datos recientes proporcionados por el Ministerio de Gobierno indican que, al momento de su arresto, Marcelo Arce se identificó como funcionario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta revelación se suma a las serias acusaciones que han surgido en torno a la gestión de la empresa estatal y su posible involucramiento en un desfalco estimado en 1.000 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 144 millones de dólares. Yussef Akly, presidente de YPFB, ha denunciado que este caso podría estar vinculado a una estructura criminal en la que estaría implicado el entorno familiar del ex presidente.
La denuncia de Akly también menciona que una auditoría interna ha evidenciado irregularidades en dos contratos destinados a la compra de aceite de soya para la producción de biodiésel, donde se habrían realizado anticipos millonarios que no se han devuelto a la empresa estatal. A raíz de la detención de Marcelo Arce, se han encontrado elementos incriminatorios que incluyen dinero en efectivo y documentación relacionada con YPFB, lo que podría complicar aún más la situación legal de la familia Arce en los próximos meses. Este escándalo ha suscitado un gran interés en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la corrupción en el país, así como sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos.
