El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha decidido intensificar su lucha por la implementación de la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado. En respuesta a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema, que busca evitar el pago de los montos establecidos, el CIN ha convocado a una nueva marcha federal programada para el 12 de mayo en Plaza de Mayo. Esta movilización se enmarca en un contexto de creciente tensión entre la comunidad universitaria y el Ejecutivo, que ha sido acusado de desfinanciar la educación pública.

La consigna de la marcha es clara: "Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, ha explicado que el objetivo principal es exigir el cumplimiento de la ley, que contempla tres puntos fundamentales. Dos de estos puntos están relacionados con la mejora de las condiciones salariales de docentes y no docentes, mientras que el tercero se enfoca en el bienestar de los estudiantes. Perazzi ha señalado que es crucial que se reestablezcan los salarios a los niveles que tenían en octubre de 2023, dada la significativa pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores del sector.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las universidades han denunciado un desfinanciamiento sistemático y un deterioro en las condiciones laborales de los docentes y nodocentes. La falta de acuerdo en las negociaciones salariales llevó al CIN y a los sindicatos a trabajar en una ley que buscara compensar parte de las pérdidas económicas. Aunque lograron aprobarla antes de las elecciones, el Gobierno ha persistido en su negativa a implementarla, argumentando que cumplir con la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal del país. Esta postura ha generado un clima de descontento y frustración en la comunidad educativa.

Frente a la negativa del Ejecutivo, el CIN ha optado por recurrir a la vía judicial para asegurar la implementación de la ley. Han obtenido fallos favorables, pero la situación se complica aún más con la presentación del recurso extraordinario por parte del Gobierno. Mientras tanto, se rumorea que el Ejecutivo está preparando su propia propuesta de financiamiento, la cual se estaría elaborando sin la participación ni el consenso de las universidades, lo que podría acentuar aún más el conflicto.

La reciente decisión del Gobierno de aplicar un aumento unilateral del 1,7% en las liquidaciones de los trabajadores universitarios ha sido interpretada como un insulto. Perazzi ha denunciado que este incremento es considerablemente inferior a la última medición del INDEC, que registró un aumento del 3,4%. Esta situación ha sido el factor desencadenante que llevó a la convocatoria de la marcha, en un contexto donde las negociaciones paritarias se encuentran estancadas debido a la falta de diálogo entre el Gobierno y los gremios.

El CIN, que agrupa a diversas organizaciones gremiales como la FUA, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA y FATUN, ha previsto un escenario central durante la marcha donde se leerá un documento consensuado por todos los actores involucrados. La expectativa es que esta movilización sea tan masiva como la que se realizó en abril de 2024, donde cientos de miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad. Además, los organizadores confían en que el descontento social hacia el Gobierno, evidenciado en diversas encuestas que reflejan un descenso en su aceptación, pueda influir en la decisión de la Corte Suprema respecto a la ley de financiamiento.

La marcha del 12 de mayo representa una oportunidad crucial para la comunidad universitaria de visibilizar sus reclamos y manifestar su descontento ante las políticas del Gobierno. A medida que se acercan la fecha de la protesta, las expectativas continúan creciendo entre docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, quienes ven en esta movilización una posibilidad de recuperar lo perdido y garantizar una educación pública de calidad en Argentina.