Un grupo de legisladores argentinos pertenecientes al peronismo, entre ellos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, han decidido llevar a cabo una acción judicial contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global. La causa tiene su origen en la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, ya que los legisladores advierten sobre un posible incumplimiento del estatuto del río Uruguay que podría acarrear daños ambientales significativos.
La demanda, registrada bajo el expediente 3276/2026, busca prevenir daños y perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los legisladores fundamentan su solicitud en el Código Civil y Comercial de la Nación, argumentando que existe un riesgo real para el medio ambiente que debe ser abordado antes de que se materialice. Michel, en particular, expresó su descontento con la postura del gobierno de Entre Ríos respecto al avance del proyecto, señalando que la falta de acción por parte del gobernador Rogelio Frigerio es preocupante.
Un aspecto clave de la denuncia radica en la supuesta falta de Uruguay de presentar los estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un paso que consideran esencial. Según los legisladores, el país vecino ha tomado decisiones unilaterales, otorgando permisos sin someter el proyecto al control bilateral requerido. Esta situación ha generado inquietud en comunidades ribereñas como Colón, que temen las repercusiones ambientales de la nueva planta y exigen una evaluación exhaustiva antes de que continúen las obras.
