La justicia en Perú ha desestimado el recurso de 'habeas corpus' presentado en favor de Betssy Chávez, ex primera ministra del país, que buscaba obtener un salvoconducto para viajar a México como asilada política. Esta decisión fue tomada por el juez constitucional Iván Cabrera, quien argumentó que la solicitud carecía de fundamento legal y no evidenciaba una afectación a la libertad personal de la exfuncionaria.
La acción judicial fue impulsada el 25 de noviembre de 2025 por Rubén Serpa Valdez, un ciudadano que alegó que las autoridades peruanas estaban vulnerando los derechos de Chávez y la libertad de movimiento, al no permitir su salida del país. La demanda se dirigió contra varias instituciones del Estado, incluida la Embajada de México, en un contexto donde la figura de Chávez se ha convertido en un símbolo de la polarización política en Perú.
En su resolución, el juez Cabrera calificó el recurso como "improcedente", indicando que no había pruebas contundentes que respaldaran la afirmación de que existía una amenaza concreta contra la ex primera ministra. Se hizo hincapié en que los propios organismos estatales habían desmentido cualquier intención de realizar una intervención forzada en la embajada mexicana, donde Chávez se encuentra refugiada desde el año pasado, tras recibir asilo político de parte del Gobierno mexicano.
Un aspecto relevante de esta decisión judicial es que se basa en declaraciones del ex presidente José Jerí, quien sugirió la posibilidad de un ingreso forzado a la embajada para ejecutar una orden de prisión preventiva contra Chávez. Sin embargo, el juez observó que Jerí ya no está en el poder, lo que elimina cualquier riesgo inminente relacionado con sus declaraciones. Esto pone de relieve la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años, donde los cambios de gobierno han llevado a un clima de incertidumbre constante.
Cabrera también destacó que la solicitud de un salvoconducto no tiene carácter constitucional, ya que no se ha demostrado una afectación directa a la libertad de Chávez. El juez subrayó que su permanencia en la Embajada de México es una decisión voluntaria, lo cual contradice la premisa de que su libertad se encuentra en peligro. Este punto es crucial, ya que el derecho de asilo es un tema delicado y de gran relevancia en el ámbito internacional, que muchas veces se encuentra en la mira de las relaciones diplomáticas entre naciones.
Por otro lado, el juez aclaró que no existe una negativa formal del Ejecutivo peruano en relación a la entrega del salvoconducto, ya que la solicitud está siendo evaluada en un contexto que involucra decisiones políticas y diplomáticas. Esto sugiere que el Gobierno podría estar considerando diversos factores antes de tomar una resolución definitiva sobre el futuro de Chávez.
Finalmente, el magistrado dispuso que, una vez que la resolución quede firme, el caso deberá ser archivado. Betssy Chávez fue condenada a más de once años de prisión en diciembre de 2025 por su participación en un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Su situación ha generado un fuerte debate en el país, donde la polarización política y las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han llevado a profundas divisiones en la sociedad peruana, resaltando la importancia de un análisis crítico sobre el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país.
