En un reciente informe, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina ha expresado su preocupación por lo que califica como "serias y evidentes irregularidades" en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un componente crítico para la exportación del país. Esta advertencia se produce en el contexto de una investigación judicial en curso sobre la concesión impulsada por la administración de Javier Milei, lo que ha generado un debate importante sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos en el sector público.
El análisis de la PIA, al que tuvo acceso la redacción de Medios Digitales, pone de relieve diversas deficiencias en el proceso de licitación gestionado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que actúa bajo la órbita del Ministerio de Economía. Una de las principales críticas se centra en la supuesta falta de cumplimiento de la ley de acceso a la información ambiental. Según el informe, el volumen de documentación presentado durante la audiencia pública fue desmesurado, superando las 9.000 páginas, lo que habría complicado la capacidad de los ciudadanos para participar efectivamente en el proceso.
Además de cuestionar la cantidad de información, la PIA también ha señalado cláusulas en el contrato que podrían limitar la posibilidad de impugnar el proceso licitatorio. Estas restricciones, especialmente en relación con las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), generan inquietudes sobre la competencia y la transparencia en la selección del futuro operador de la hidrovía. La falta de un procedimiento adecuado para la evaluación del impacto ambiental, que debería contar con la intervención de la autoridad competente, es otro de los puntos que han sido objeto de crítica en el informe.
La PIA enfatiza que existen elementos suficientes para señalar que la redacción de los pliegos de licitación presenta serias irregularidades, lo que podría dar lugar a consecuencias administrativas e incluso penales en el futuro. Este tipo de afirmaciones no solo pone en entredicho la integridad del proceso, sino que también amenaza con poner en riesgo la inversión y el desarrollo económico que la hidrovía representa para Argentina.
El pronunciamiento de la Fiscalía coincide con la afirmación del Gobierno argentino, que ha sostenido que el proceso de privatización de la vía navegable avanza con "apoyo multisectorial y sin impugnaciones". La administración actual asegura que ya se ha culminado la etapa técnica de evaluación de ofertas y que la apertura de propuestas económicas está programada para la próxima semana, cuando se determinará quién será el operador de la hidrovía por un periodo de 25 años.
En esta licitación, actualmente compiten dos consorcios: uno que une a la empresa belga Jan De Nul con la argentina Servimagnus, y otro liderado por la firma belga DEME junto a compañías estadounidenses. La Hidrovía Paraná-Paraguay es fundamental para el comercio exterior argentino, ya que representa la principal vía de acceso al Atlántico y canaliza alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales del país, además de las cargas que provienen de países vecinos como Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La situación actual plantea preguntas sobre el futuro de este vital corredor comercial y la necesidad de garantizar un proceso que cumpla con las normas y estándares requeridos para su funcionamiento sostenible.
