En el marco de la actual coyuntura política argentina, la figura de Victoria Villarruel se ha consolidado como un referente clave, especialmente entre los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas. En su afán de mantener una postura firme frente a Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado nacional, Villarruel ha decidido polarizar aún más su discurso, acusándolo directamente de ser responsable del deterioro en las condiciones laborales y prestaciones del personal militar. Este enfrentamiento no es solo un choque de personalidades, sino que refleja las tensiones inherentes en el oficialismo, donde Villarruel parece distanciarse del Presidente de la Nación, marcando su propio camino.
La disputa entre ambos políticos ha escalado a niveles legales, con Villarruel y Petri envueltos en un conflicto que incluye denuncias de calumnias e injurias. La Vicepresidenta ha llevado a cabo acciones legales contra Petri tras sus declaraciones, en las que lo calificó de "golpista" y lo acusó de contribuir al fracaso del Gobierno. Este cruce de acusaciones ha llegado a los tribunales, específicamente al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, donde el juez Sebastián Ramos desestimó la denuncia de Petri, argumentando que sus afirmaciones no constituían un delito de acción pública.
En un reciente comunicado en redes sociales, Petri expresó su descontento con la decisión judicial, afirmando que Villarruel busca silenciarlo mediante una "querella por calumnias e injurias". Este intercambio de acusaciones no solo pone de manifiesto la fractura en el oficialismo, sino que también refleja una estrategia política donde la descalificación mutua se ha convertido en un recurso habitual en la arena pública. Villarruel, por su parte, continúa utilizando su plataforma para resaltar lo que considera fallas graves en la gestión de Petri durante su mandato en el Ministerio de Defensa.
La Vicepresidenta ha resaltado la crítica situación de las Fuerzas Armadas, mencionando recortes presupuestarios que impactan negativamente en la operatividad y en la capacidad de defensa del país. Villarruel argumenta que es insostenible hablar de soberanía cuando las fuerzas armadas no pueden cumplir con sus funciones básicas debido a la falta de recursos. Sus afirmaciones se enmarcan en una crítica más amplia hacia la gestión del gobierno anterior, que, según ella, ha dejado un legado de destrucción en la defensa nacional.
Además de criticar a Petri, Villarruel ha extendido su mirada a la situación de la Policía Federal Argentina, destacando problemas graves en el ámbito de la salud y la infraestructura de las fuerzas de seguridad. Se refirió específicamente al estado del Hospital Churruca y a las condiciones salariales de los efectivos, argumentando que el Estado ha hecho poco para mejorar la situación de la Policía en distintos gobiernos. Al mencionar la creación de la Dirección de Formación Institucional (DFI), la funcionaria la calificó de "fantochada", subrayando una falta de compromiso con la seguridad pública.
En un tono desafiante, Villarruel ha demandado a Petri que asuma la responsabilidad por lo que considera una gestión fallida en el Ministerio de Defensa. Lo acusó de haber ocasionado la caída de los sueldos de los uniformados y de haber contribuido a la paralización de la obra social destinada a los militares y sus familias. En su opinión, es fundamental que Petri deje de preocuparse por la supuesta "mordaza mediática" y se concentre en las consecuencias de su gestión, que según ella han sido catastróficas para las fuerzas que representan la defensa del país.
