El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el miércoles que ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar información a Noruega sobre el financiamiento de aproximadamente 541 mil dólares que una ONG de ese país ha destinado a comunidades indígenas lafkenches en el sur de Chile. Este apoyo tiene como objetivo capacitar a estas comunidades en su lucha contra proyectos de empresas dedicadas a la acuicultura, en particular la industria salmonera, que ha generado tensiones en la región debido a su impacto ambiental y social.
Kast aprovechó su visita a la región de Los Lagos para expresar sus preocupaciones sobre esta situación, subrayando que el Estado noruego no debería estar involucrado en cuestiones que atañen a la soberanía chilena. En el marco de este escándalo, el mandatario también dejó entrever la posibilidad de revisar la Ley Lafkenche, que otorga a las comunidades indígenas la autoridad para gestionar extensas áreas costeras marinas en las que llevan a cabo prácticas tradicionales como la pesca y la recolección, así como actividades ceremoniales que son esenciales para su cultura.
Según un reportaje de TVN, la ONG noruega Norwegian People’s Aid habría otorgado a las comunidades lafkenches alrededor de 500 millones de pesos chilenos. Este hecho ha suscitado suspicacias, especialmente considerando que Chile y Noruega son competidores directos en el mercado global del salmón. Kast, al ser consultado sobre este tema, destacó que necesita más claridad sobre el rol del Estado noruego en este financiamiento y las implicaciones que podría tener para las relaciones entre ambos países.
La Ley Lafkenche, que fue establecida para proteger los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y recursos, ha sido objeto de controversia. Kast reconoció que, aunque el espíritu de la ley es valioso, ha sido mal interpretada y utilizada, lo que ha llevado a varios parlamentarios de distintas corrientes políticas a señalar la necesidad de una reforma. "Estamos evaluando si es necesario modificarla o incluso derogarla", afirmó el presidente, enfatizando que esta decisión dependerá del análisis parlamentario y de las discusiones que se generen en torno a la ley.
En respuesta a las acusaciones, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, desmintió cualquier interferencia gubernamental en el financiamiento mencionado, aclarando que este apoyo no representa la postura oficial de su país. Nilsen subrayó que la colaboración entre ambas naciones se ha dado principalmente en el ámbito privado, con empresas chilenas y noruegas trabajando juntas durante más de dos décadas en proyectos de investigación y desarrollo sostenible.
El diplomático enfatizó que el mercado del salmón es lo suficientemente amplio para que ambos países puedan coexistir y prosperar, siempre que se prioricen el desarrollo sustentable y el bienestar de las comunidades locales. En relación al financiamiento de la ONG, Nilsen explicó que el proyecto en cuestión fue una iniciativa independiente que se desarrolló entre 2004 y 2014, y no tiene vínculo directo con las políticas del gobierno noruego, lo que refuerza su postura de no injerencia en asuntos internos de Chile.
Esta situación ha generado un debate más amplio sobre la influencia extranjera en las comunidades indígenas y el papel que juegan las ONGs en la defensa de sus derechos. El contexto en el que se presenta este caso es crucial, ya que pone de manifiesto las tensiones entre las necesidades económicas y la protección de los derechos indígenas y del medio ambiente, un tema que sigue siendo relevante en la agenda política chilena contemporánea.
