La Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo la segunda audiencia pública en el marco del debate sobre la reforma de la ley de Glaciares, un tema que ya había sido objeto de discusión en el Senado donde recibió media sanción. Esta jornada se produce tras una primera audiencia que se extendió durante 12 horas y que estuvo marcada por la polémica en torno a la representación y la inclusión de voces en el debate. Desde su inicio, la convocatoria ha suscitado críticas y cuestionamientos por la cantidad de participantes habilitados, lo que ha llevado a la presentación de medidas cautelares que, sin embargo, fueron desestimadas por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7.
En la primera jornada, de los más de 120.000 inscriptos, solo se permitió la intervención de 196 personas, de las cuales 95 efectivamente expusieron sus opiniones. Resulta alarmante que el 88,42% de los oradores se manifestara en contra de la reforma, lo que pone de relieve la fuerte oposición social que enfrenta este proyecto. A pesar de las limitaciones, algunas diputadas peronistas, como Sabrina Selva y Lucía Cámpora, señalaron irregularidades en el proceso de selección, indicando que representantes vinculados a empresas mineras fueron autorizados a participar sin estar en la lista oficial.
En esta segunda audiencia, la tendencia de rechazo se ha mantenido, ya que 31 de los 32 primeros oradores se manifestaron en contra del proyecto. Este nivel de oposición plantea interrogantes sobre la viabilidad de avanzar en la sanción de la reforma, especialmente en un contexto donde se busca equilibrar las necesidades económicas con la protección del medio ambiente. La situación se complica aún más por la intención de algunos sectores políticos, como Unión por la Patria, de convocar a una consulta popular vinculante, mientras que el oficialismo persiste en su plan de convertir la iniciativa en ley el 8 de abril.
Un aspecto crucial en el debate ha sido la intervención de Pablo Eugenio Villagra, representante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Villagra enfatizó que la propuesta de reforma ignora la necesidad de un presupuesto mínimo que garantice la protección de los recursos hídricos y la correcta gestión del inventario nacional de glaciares. Su intervención destaca una preocupación fundamental en torno a la falta de financiamiento adecuado para asegurar la integridad de los glaciares, lo que podría tener repercusiones graves en la gestión del agua en el país.
Por otro lado, la única voz a favor del proyecto en esta audiencia fue la de Pablo Marcet, un geólogo que se identificó como un representante de la industria minera. Marcet defendió la actividad minera argumentando que el consumo de agua por parte de las grandes minas es relativamente bajo en comparación con otras actividades agrícolas. Sin embargo, su postura ha sido criticada por muchos, quienes sostienen que minimizar el impacto ambiental de la minería es un enfoque peligroso en el contexto actual de cambio climático y escasez de recursos hídricos.
La reforma de la ley de Glaciares no solo es un tema de interés ambiental, sino que también se inscribe en un debate más amplio sobre el desarrollo económico del país. La tensión entre la necesidad de atraer inversiones en sectores como la minería y la urgencia de proteger el patrimonio natural es cada vez más palpable. A medida que se acercan las fechas clave para la votación, la presión sobre los legisladores aumentará, haciendo imperativo que se consideren todas las voces y se evalúen las consecuencias de cualquier decisión que se tome.
