El juez federal Emmet Sullivan ha tomado una decisión clave al bloquear, el 1 de julio de 2026, una normativa del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que pretendía limitar la entrega de boletas electorales en aquellos estados que no proporcionaran sus padrones de votantes al gobierno federal. Este fallo, que tiene validez a nivel nacional, se convierte en el segundo revés significativo para la administración Trump en un corto período en relación con el voto por correo, un tema de vital importancia en el actual contexto político.

La controversia se origina en la Orden Ejecutiva 14248, emitida por el presidente Donald Trump en marzo de 2026. Este tipo de orden ejecutiva permite al presidente dar instrucciones directas a las agencias gubernamentales, con la fuerza de ley, sin necesidad de que el Congreso lo apruebe. En este caso, la orden buscaba establecer un marco normativo que condicionaba la entrega de boletas a la entrega previa de los registros de votantes, lo que generó gran preocupación entre defensores de los derechos civiles y organizaciones que abogan por el acceso al voto.

El 2 de junio, en cumplimiento de esta orden, el USPS había presentado una propuesta de normativa que imponía requisitos específicos a los estados. David Steiner, director general de Correos, había confirmado ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado que, si un estado no proporcionaba su listado de votantes en ausencia, las boletas correspondientes no serían despachadas. Esta medida fue interpretada como un intento de desincentivar la participación electoral en ciertas jurisdicciones, lo que generó un amplio rechazo.

En su fallo, el juez Sullivan, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, decidió no abordar directamente la constitucionalidad de la orden ejecutiva. En cambio, centró su análisis en la violación de un acuerdo legal existente, firmado en 2021 entre el USPS y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP). Este convenio obliga al servicio postal a asegurar la entrega oportuna del correo electoral hasta el año 2028 y establece que los tribunales tienen la autoridad para supervisar el cumplimiento de esta obligación.

Sullivan argumentó que el USPS no puede prometer públicamente priorizar “el monitoreo y la entrega oportuna del Correo Electoral” mientras que sus propias políticas permiten rechazar “envíos no conformes” y, de esta manera, negar boletas a votantes de estados que no presenten sus padrones. Para el magistrado, esta contradicción interna constituyó una violación clara del acuerdo de 2021, lo que llevó a la decisión de bloquear la normativa.

El fallo de Sullivan es una medida cautelar que impide la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo del caso, lo que significa que su impacto se siente en todo el país. Este desenlace se suma a una serie de derrotas legales que ha enfrentado la administración Trump en cuestiones electorales, subrayando la creciente tensión en torno al acceso al voto en un país donde el sufragio es considerado un derecho fundamental.

Anthony Ashton, asesor legal de la NAACP, celebró la decisión del juez, señalando que protege a los votantes que dependen del correo para ejercer su derecho al voto. Ashton advirtió que las restricciones propuestas habrían creado “barreras innecesarias e ilegales” que afectarían de manera desproporcionada a los votantes negros, quienes, debido a desigualdades históricas en el acceso, recurren más frecuentemente al voto por correo. Por su parte, Allison Zieve, directora del Public Citizen Litigation Group, criticó con dureza al USPS, afirmando que la medida bloqueada habría intensificado la intimidación en las urnas y socavado el derecho al voto de miles de estadounidenses.