Este domingo, Italia se encuentra en un momento crucial con el inicio de un referéndum constitucional que se extenderá por dos días, con el fin de decidir el futuro de una reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni. La propuesta, que ha suscitado un intenso debate político y social, enfrenta una fuerte oposición que se manifiesta prácticamente en su totalidad. Las urnas permanecerán abiertas durante la jornada de hoy hasta las 23:00 hora local, reanudándose mañana hasta las 15:00, momento en el cual comenzará el conteo de los votos emitidos.

Con un total de 51,4 millones de italianos habilitados para votar, se estima que unos cinco millones residen en el extranjero y podrán participar a través del correo postal. Este plebiscito, a diferencia de otros, no exige un mínimo de participación para que sus resultados sean válidos; bastará con que prevalezca el "sí" para que la reforma sea ratificada. Este aspecto ha generado críticas, ya que algunos sectores consideran que podría no reflejar la voluntad popular de manera adecuada.

La reforma judicial en cuestión representa uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Meloni desde su llegada al poder. Aunque la iniciativa fue aprobada por el Parlamento en octubre del año anterior, su naturaleza constitucional requería el respaldo del electorado, dado que no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria en la cámara legislativa. La propuesta busca, entre otras cosas, separar las funciones de jueces y fiscales, actualmente agrupados bajo el término "magistrados", lo que resulta inusual en el contexto europeo.

Otra de las modificaciones significativas que plantea la reforma es la división en dos del Consejo Superior de la Magistratura, el órgano encargado de la autogestión del sistema judicial italiano. Esta reestructuración incluye el establecimiento de un sistema de lotería para la selección de sus miembros y la creación de una nueva Alta Corte Disciplinar destinada a supervisar la conducta de los magistrados. Estas medidas, según el gobierno, buscan modernizar y fortalecer la independencia del poder judicial, aunque sus detractores sostienen que podrían erosionar su autonomía.

Entre las voces opositoras más contundentes se encuentran las de los principales partidos, como el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas, así como de sindicatos y agrupaciones de jueces. La líder del PD, Elly Schlein, ha denunciado que el gobierno intenta limitar la independencia del sistema judicial y ha instado a la ciudadanía a proteger la Constitución, abogando por un rechazo a la reforma propuesta. La presión sobre el gobierno se intensifica a medida que se acerca la fecha de votación, lo que podría influir en el ánimo del electorado.

Por su parte, Meloni defiende la necesidad de realizar estos cambios como un paso hacia la modernización del sistema judicial, rechazando las acusaciones de que su gobierno está impulsando una agenda iliberal. A pesar de los desafíos que enfrenta, la primera ministra ha manifestado su intención de permanecer en el cargo hasta el final de su mandato en 2027, independientemente del resultado de este referéndum. En un contexto de polarización política, este plebiscito se configura como una prueba no solo para su administración, sino también para la cohesión y la estrategia de la oposición en un escenario electoral que promete ser altamente competitivo en los próximos años.

La jornada de reflexión previa a la votación también estuvo marcada por controversias, como la que protagonizó Matteo Salvini, vicepresidente y líder de la Liga, quien fue acusado de violar el silencio electoral al compartir un mensaje de apoyo a la reforma en sus redes sociales. Este tipo de incidentes subraya la tensión y la emotividad que rodean esta consulta, lo que podría impactar en la decisión final de los votantes. En definitiva, el referéndum sobre la reforma judicial de Meloni se presenta como un evento clave que podría definir el rumbo del sistema judicial italiano y la estabilidad del gobierno actual.