El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado oficialmente ser reconocido como "tercero coadyuvante" en la investigación que sigue a un derrumbe ocurrido el 3 de marzo en un edificio de la calle Mafalda 907. Esta solicitud surge en el contexto de un colapso estructural que no solo puso en riesgo la seguridad de los vecinos, sino que también impactó de manera significativa en la administración local. La Procuración General porteña presentó el pedido ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, liderada por la fiscal María del Rosario Selvatici, argumentando que el evento generó una "afectación concreta, inmediata y diferenciada" sobre los recursos y funciones del gobierno de la ciudad.
En su presentación, el Ejecutivo porteño enfatiza que su rol en este caso es el de damnificado, pidiendo ser incorporado formalmente en el expediente judicial. La argumentación se basa en la necesidad de reconocer que el derrumbe, además de ser una tragedia para los residentes del área, ha tenido un impacto operativo y financiero considerable para el gobierno local. Este tipo de eventos no solo complican la vida cotidiana de los vecinos, sino que también desestabilizan la estructura administrativa de la ciudad, que debe responder de manera rápida y efectiva a situaciones de emergencia.
El incidente tuvo lugar en el sector de estacionamiento del complejo, donde el colapso de una parte sustancial de la estructura provocó la evacuación preventiva de los habitantes cercanos y la clausura del área afectada. La intervención de múltiples organismos estatales fue crucial, incluyendo a Bomberos de la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y Defensa Civil, entre otros. Este despliegue de recursos evidenció la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada ante emergencias que involucran la seguridad pública.
La solicitud del gobierno porteño también subraya la utilización de recursos extraordinarios para abordar la crisis. Para hacer frente a las consecuencias del derrumbe, fue necesario implementar un amplio operativo que incluyó rescates, atención sanitaria, inspecciones y controles. La magnitud del rescate y las medidas de prevención que se debieron adoptar reflejan el impacto que este tipo de incidentes tienen sobre la capacidad operativa del gobierno local.
El costo económico de gestionar la situación se hace evidente, ya que la Ciudad debió enfrentar erogaciones significativas. Estas incluyen gastos por el relevamiento de damnificados, alojamiento temporal para aquellos afectados y la implementación de dispositivos de contención para mitigar el impacto psicológico de la emergencia. Este conjunto de acciones pone de manifiesto que la repercusión del derrumbe va más allá de lo físico, afectando también la estabilidad emocional y social de la comunidad.
Finalmente, la Procuración concluye que la magnitud de la afectación sufrida por el gobierno de la ciudad supera lo que se podría considerar como una mera repercusión general. Por ello, considera pertinente que se reconozca al Ejecutivo local como víctima dentro del marco de la causa judicial. La investigación, que se centra en esclarecer las circunstancias del derrumbe, se mantiene activa y busca determinar las responsabilidades que correspondan a este lamentable suceso, que ha dejado una huella en la comunidad de Parque Patricios.
