La investigación relacionada con la crisis sanitaria más grave en la historia reciente de Argentina se encuentra en su fase decisiva. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha iniciado un nuevo ciclo de indagatorias que involucra a 14 personas procesadas por su presunta participación en la producción y distribución de Fentanilo HLB Pharma, un medicamento que, tras ser contaminado con al menos dos cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, ha causado la muerte de 124 personas. Además, 49 pacientes que sobrevivieron han quedado con secuelas, dos de ellos en estado crítico, lo que resalta la magnitud de esta tragedia sanitaria.
Ayer, se aguardaba la declaración virtual de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, quienes ya han sido clausurados de manera definitiva por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Este organismo, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud, decidió actuar luego de las alarmantes evidencias que surgieron en torno a la calidad de los productos ofrecidos por estas empresas. Sin embargo, la defensa de García Furfaro solicitó un aplazamiento de su declaración hasta el 23 de abril, alegando que su abogado, Gastón Marano, no pudo asistir debido a compromisos académicos en el penal de Devoto.
También solicitaron postergar su indagatoria Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, quien se encuentra en la misma situación que su colega. Este tipo de maniobras procesales pone de manifiesto la tensión entre la defensa y el avance de la justicia, en un caso que ya ha dejado una huella profunda en la salud pública del país. En la audiencia de ayer, otros dos funcionarios, Eduardo Darchuk y María Victoria García, se presentaron pero optaron por no responder preguntas, refiriéndose a sus declaraciones anteriores en las que intentaron desvincularse de las responsabilidades.
En la primera indagatoria, el magistrado había imputado a estos individuos la muerte de 20 personas, pero ahora esa cifra ha ascendido a 124, una realidad escalofriante que podría aún cambiar, dado que se espera la finalización de los análisis realizados por el Cuerpo Médico Forense sobre las historias clínicas de los pacientes afectados. La gravedad de esta situación no solo radica en el número de muertes, sino también en el sufrimiento de los 49 pacientes que han sufrido lesiones y han tenido que ser hospitalizados, de los cuales dos se encontraban en estado crítico.
Las audiencias virtuales continuarán el próximo lunes 20, donde otros procesados como José Antonio Maiorano y Nilda Furfaro, madre de Ariel, tendrán la oportunidad de presentar su defensa. En el transcurso de la semana, se espera que más involucrados, entre ellos familiares del principal acusado, sean llamados a declarar. Esta serie de indagatorias es crucial para el desarrollo del caso, ya que una vez que se completen las declaraciones y se resuelvan las apelaciones de los abogados defensores, el juez podrá elevar la causa a juicio oral.
La magnitud de esta causa ha llevado a que sea considerada como el desastre sanitario más grave del país, con posibles penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión para los acusados. En su resolución del 25 de septiembre, Kreplak les imputó “prima facie” la adulteración de sustancias medicinales, un delito que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud pública. La sociedad argentina observa con atención el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que se establezcan responsabilidades claras por esta tragedia que ha conmovido al país en su conjunto.
