El Gobierno nacional ha decidido posponer nuevamente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un paso crucial en la transición hacia un sistema acusatorio de justicia. Esta medida fue oficializada a través de la Resolución 186/2026 del Ministerio de Justicia, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. La implementación del nuevo código, que originalmente estaba programada para el 10 de noviembre de 2023, ahora se ha trasladado a una nueva fecha: el 15 de febrero de 2027.
Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, han señalado que esta decisión responde a diversas dificultades técnicas y organizativas que han surgido durante el proceso de adecuación al nuevo sistema. Estos obstáculos han impactado significativamente en la capacidad de la Justicia federal, tanto en materia penal como en la penal económica, para adaptarse a este nuevo marco normativo, que ya está funcionando en otras provincias del país con resultados diversos.
La extensión del plazo busca facilitar la finalización de obras de infraestructura necesarias, fortalecer equipos especializados y asegurar una transición más ordenada hacia el nuevo modelo de justicia. El Código Procesal Penal Federal propone un sistema acusatorio que otorga un papel más relevante al Ministerio Público Fiscal, promueve la oralidad en los juicios y acelera los tiempos de resolución de los casos. Sin embargo, la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una serie de desafíos particulares que complican este proceso.
Uno de los principales retos identificados es la coexistencia de expedientes que aún funcionan bajo el sistema anterior. Esta situación obliga a una reestructuración profunda de los recursos humanos, tecnológicos y edilicios en el ámbito judicial. La Procuración General de la Nación ha manifestado su preocupación ante las asimetrías operativas y la insuficiencia de espacios físicos necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo sistema, a pesar de las inversiones realizadas hasta ahora.
El nuevo sistema acusatorio ya se aplica en varias jurisdicciones del país, aunque su puesta en marcha aún está pendiente en otras áreas, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, que concentra una gran cantidad de jueces y fiscales. Además, esta jurisdicción maneja un volumen significativo de causas complejas, que abordan delitos como corrupción, narcotráfico y trata de personas, lo que hace aún más crítico el desafío de adaptación al nuevo código.
Desde el Ministerio de Justicia han destacado que la implementación del nuevo Código Procesal Penal es una política de Estado que requiere la colaboración de diversos organismos, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General. Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo busca garantizar que se establezcan las condiciones adecuadas para llevar a cabo una implementación efectiva y sostenible del sistema acusatorio en uno de los distritos más complejos del país, asegurando así una justicia más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
